23 oct 2020

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Corrupción y crisis institucional

María Dolores de Cospedal con Jorge Fernández Díaz en el Congreso en 2016.

AGUSTÍN CATALÁN

'Kitchen': cuando tiemblan los cimientos de un Estado

Jordi Nieva-Fenoll

En España algunos se siguen comportando como si hubiera que obedecer sin rechistar a un emperador

Pese a los relevantes esfuerzos realizados en las últimas décadas, se arrastra en parte de la población una mentalidad algo inmadura democráticamente. En democracia el pueblo asume el poder a través de unos representantes elegidos temporalmente que le den siempre razones de sus decisiones. Pero en España algunos se siguen comportando como si hubiera que obedecer sin rechistar a un emperador.

Siendo así, lo lógico es que pudieran encubrirse con facilidad operaciones palaciegas que nunca se llegan a esclarecer. Sin embargo hemos conocido, en gran medida, quién estaba detrás de los GAL, y puede que no tardemos tanto en saber qué pasó el 23-F; la explicación existe y se la espera. Ahora parece que vamos a tener bastantes datos de cómo funcionó el Ministerio del Interior en unos años en que las rotativas se llenaron de sospechas de maniobras en la sombra que, de ser reales, han superado cuaquier límite.

Eliminar a rivales políticos

Lo que se está publicando, no estos días sino ya desde hace tiempo en los medios, describe un 'modus operandi' reiterado en el que unos políticos se aprovechan de las instituciones públicas, no solamente para ganar dinero ilícitamente y encubrir las huellas de su delito, sino también para eliminar a rivales políticos desprestigiándoles con noticias falsas. Malversación, blanqueo de capitales, delitos contra la hacienda pública, descubrimiento y revelación de secretos, falso testimonio, tráfico de influencias, cohecho… Y me estoy limitando solamente a la calificación penal de algunos de los hechos aparecidos en los medios estos días. La lista puede llegar a ser tan amplia como un par de páginas del índice del Código Penal, con la consiguiente imposición de penas si llega una condena.

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La gravedad de todo lo que está sucediendo es tal, que en otro país de ciudadanos más conscientes de la realidad y sus derechos, ahora mismo la situación sería insostenible y, con pandemia o sin ella, se estaría trabajando en una reforma constitucional urgente y ambiciosa para intentar calmar las aguas. Pero el pueblo español es más fácilmente gobernable de lo que se supone. Parece que los partidos se pueden dedicar al “aquí no pasa nada” e ir dejando pasar unas semanas y meses que no harán sino agravar la situación. Gobierno y oposición tienen una clara responsabilidad que no están asumiendo, lo que es peligroso, dedicados como están a la sempiterna batalla politica por el poder. Hasta el antiguo Rey se ha expatriado a una dictadura en una actuación de opereta con el evidente trasfondo de su incipiente investigación penal en España y Suiza. Pero parece que eso tampoco importa a los ciudadanos.

Con todo, una cosa son las responsabilidades políticas y otra las judiciales. En un proceso penal rige la presunción de inocencia. Casi todos los aludidos hasta el momento ya no están en política y se defenderán en un proceso penal. Ahí se comprobará si lo que dice un excomisario, una examante del rey o un exalto cargo de Interior, junto con la documentación que vaya apareciendo, es suficiente para obtener condenas. De momento lo que tenemos son palabras, algún documento y escuchas telefónicas muy gráficas y vistosas para la prensa, pero cuyo contenido hay que comprobar. Lo diré más claro. Solo con lo que se ha descubierto hasta ahora, una condena sería complicada.

Usurpar el poder con modos totalitarios

Lo segundo es que se están investigando delitos gravísimos que socavan indudablemente los cimientos de un Estado. Si lo que se está contando es cierto, los investigados no dieron, ciertamente, un golpe de Estado, pero habrían usurpado el poder con modos totalitarios controlando al poder ejecutivo y, en la medida en que pudieran, al poder judicial a través de nombramientos teledirigidos –recuerden aquel célebre mensaje de WhatsApp de Cosidó– por el actual Consejo General del Poder Judicial que vergonzosamente se niegan a renovar. Y con esa negativa evidencian el porqué, que también afecta, y es igualmente impresentable, a la muy retrasada renovación del Tribunal Constitucional. Solo faltaban ahora las aterradoras –por verosímiles– revelaciones del fiscal Navajas.

No se inquieten. Ojalá todo sea fruto del relato de un expolicía sin credibilidad, de un alto cargo vengativo, de una amante despechada y de algunos articulistas suspicaces. Ojalá. Porque si no es así, más antes que después veremos decisiones judiciales que evidenciarán la gravedad inmensa de lo investigado. Ya ha sucedido antes en otros países. Nadie es inmune ni impune, aunque alguna vez llegara a creerlo.