Soluciones para los presos

Los condenados por el ‘procés’ llevan tres años en la cárcel o están a punto de cumplirlos. Su situación ha empeorado al recurrir la fiscalía ante el Tribunal Supremo el tercer grado penitenciario, que ahora solo conservan dos de los nueve presos. La incidencia de la pandemia del covid-19 en las cárceles ha agravado asimismo la situación de los condenados, que prácticamente no salen de sus celdas desde que se les revirtió el tercer grado.

A nadie se le escapa que mientras perviva esta situación es imposible alcanzar algún acuerdo político. No puede olvidarse que los dirigentes independentistas encarcelados representan el voto del 47% de los catalanes que han acudido a las urnas en sucesivas elecciones. Por eso son necesarias iniciativas por parte del Gobierno para suavizar la situación de los presos y avanzar así hacia una posible solución mediante el diálogo entre el Ejecutivo de Pedro Sánchez y la parte del independentismo que está dispuesta a aceptar los errores cometidos en el otoño del 2017 y a emprender un camino distinto.

Hay tres posibles iniciativas para abordar la situación de los presos. Descartada desde el principio una de ellas, la amnistía que reclaman los independentistas por su carácter inconstitucional, quedan el indulto y la reforma en el Código Penal de los delitos de sedición, por el que fueron condenados, y de rebelión, dos tipificaciones penales anticuadas, que no tienen correspondencia en otras legislaciones europeas y que necesitan una actualización.

Tanto el indulto como la reforma de la sedición tienen ventajas e inconvenientes. El indulto es una decisión del Gobierno, ejecutiva, que acaba con el problema, pero que puede suscitar oposición en el Supremo y que además muchos de los condenados no aceptan. La reforma de la sedición, que parece imponerse ahora en las preferencias del Gobierno, es un trámite parlamentario más largo, aunque se habla de hacerlo por lectura única, y debe ser aprobada en el Congreso, en el que, no obstante, contaría al menos con la mayoría de la investidura. Después, el Supremo debería aplicarla retroactivamente para rebajar las penas de los condenados.

La reforma del Código Penal conseguiría dos objetivos si se aprueba antes de final de año: en primer lugar, apoyar la vía del diálogo de ERC y obtener a cambio el respaldo republicano a los Presupuestos, y, en segundo, dejar sin discurso a Carles Puigdemont y al independentismo irredento cara a las elecciones catalanas. Una u otra vía, el indulto o la reforma penal, son necesarias para pasar página.