Salarios, pensiones e inflación

Se acerca el momento presupuestario y el Gobierno lanza mensajes para intentar encauzarlo. Algunos de ellos importantes, pero de menor relevancia, y otros apuntando a razones de mayor calado, en parte vinculadas a las ayudas de la Comision Europea y la explosión de la deuda pública. Vayamos por partes.

Primero, salarios públicos y pensiones para 2021. La caída del -1,6% en el IPC los primeros ocho meses del año anticipa dos inevitables medidas: congelación de pensiones para todos y de salarios para los funcionarios. Porque, en este último caso, la contracción de precios, el colapso de la actividad y el de la productividad y el aumento del desempleo no justifican hoy un debate sobre cuánto deberían aumentar sus rentas. Y, en lo tocante a la revalorización de pensiones, el Gobierno PSOE-Podemos ya decidió actualizarlas con el IPC: si este se contrae para el conjunto de 2020, lo cierto es que no es de recibo esperar incrementos para 2021.

Una reforma inevitable

Segundo, inicio del debate sobre la inevitable reforma de pensiones. Ésta es imprescindible porque la Comisión la va a exigir en el contexto de las ayudas acordadas y, porque nos lo demanden o no, el sistema acumula demasiados problemas: el agotamiento de la hucha de pensiones y la necesidad de endeudamiento de los últimos años así lo señalan.

El punto de partida de cualquier nueva reforma debe partir de la constatación de que el déficit en pensiones de jubilación no está vinculado, hoy, a una insuficiencia de cotizaciones. Es cierto que, entre 2008 y agosto de 2020, su número ha aumentado con fuerza (un 17%), la pensión media todavía más (un 31%, de 892 a 1.164 euros/mes)  y el gasto en pensiones de jubilación un insólito 53% (de 4.600 millones de euros a 7.100 millones). Pero, incluso con estos notables avances, el sistema tiene hoy suficiente cotización para atenderlo, de forma que lo que pagan a la Seguridad Social asalariados, autónomos y empresas bastaría para atender al gasto de pensiones de jubilación: el déficit anual de 22.000 millones se genera en pensiones de viudedad y otros gastos.

A partir de ahí, hay que constatar, también, que el creciente envejecimiento de la población hacen inviable el importe actual de las pensiones, por reducidas que puedan parecer. De 2025 en adelante los 'baby boomers' (nacidos a partir de 1960, aproximadamente) comenzarán a jubilarse, mientras las reducidas generaciones de los que nacieron a partir de 1980 que deberán sustentar las pensiones. Ahí emerge un marcado desequilibrio: los hijos del 'baby boom' añadían, anualmente, cerca de 725.000 efectivos, mientars que los herederos de la caída de la natalidad, llegan a escasamente a los 450.000. Por si esto no fuera suficiente, llegó el covid-19 y, con él, el colapso de las entradas de inmigrantes y de sus positivos efectos sobre el mercado de trabajo (del empleo creado en España en 2018 y 2019, la inmigracion ocupó cerca del 55% del total), tal y como indican las cifras de 2020 (una contracción superior a los 250.000 inmigrantes ocupados en el segundo trimestre). De hecho, como mostraba un conocido estudio de la Airef, cuando la presidía el hoy ministro Escrivá, las pérdidas de los de 20 a 40 años y el aumento de los de 65 y más se acentuarán sensiblemente de no mediar masivas incorporaciones de inmigración.

Mayor transparencia del déficit

¿Soluciones? De todos conocidas pero no por ello menos fáciles de instrumentar en la práctica. En el muy corto plazo, apartar del sistema los gastos no vinculados a cotizaciones (en particular, pensiones de viudedad), y financiarlas con cargo a los Presupuestos. Con ello se conseguiría que el déficit apareciera dónde se genera y no en el saldo cotizaciones-pensiones, contribuyendo además hacer más transparente el difícil y delicado debate sobre el futuro de las pensiones de jubilación. En el medio, aumentando el volumen de cotizantes: acercando la edad de jubilación efectiva a la legal (como demanda el ministro), incrementando la presencia laboral de las mujeres (reforzando sustancialmente la conciliación) e incentivando la adecuada inmigración. Y, en el largo, reforzando la productividad: radical transformación del sistema educativo, mayores dotaciones a I+D e inversiones públicas con efectos cuantificables sobre la actividad empresarial.

Pero estas reformas son más que difíciles. El país ha acumulado demasiados intereses creados (en educación, recursos de I+D y monto y localización de la inversion pública) y, al mismo tiempo, nuestros políticos continúan, incólumes al desaliento, más que alejados del deseable el aumento de la productividad. Es lo que hay.

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