Boris Johnson burla la ley

La maniobra de Boris Johnson para incumplir el tratado del 'brexit', aceptado por él mismo en primera instancia, no es solo una vulneración del derecho internacional, sino que hace prácticamente imposible que prospere un acuerdo comercial con la UE, condena a que la separación se produzca sin acuerdo y amenaza con degradar la situación en el Ulster, pacificado mediante el Acuerdo de Viernes Santo de 1998, que suprimió de facto la frontera entre las dos Irlandas. Es tan inconsistente el argumento sustentado por el Gobierno británico de que no cabe imponer límites al Parlamento en el ejercicio de la soberanía -de ser así desaparecería la seguridad jurídica que emana de los tratados internacionales- que la UE está obligada a hacer lo que ha hecho: darle un mes al 'premier' para que desista de tramitar la ley que, de aplicarse, acabará con la unidad de mercado en Irlanda y puede resucitar el viejo contencioso en el Ulster entre católicos y protestantes, entre republicanos y unionistas.

La disparidad de léxicos entre los negociadores británico y europeo, David Frost y Michel Barnier, hace casi imposible que la negociación prospere mientras el Gobierno de Londres se mantenga en sus trece. Entiende este que cabe desdecirse de una parte de un tratado internacional si se dan circunstancias excepcionales, una tesis doblemente inconsistente: porque no se ha producido ningún cambio excepcional desde que se firmó el tratado de salida de la UE y porque es una decisión unilateral de una de las partes.

La alarma sembrada en la City, entre los empresarios, en la judicatura y entre bastantes diputados conservadores es la mejor vara para medir la gravedad del caso. Si un 'brexit' con acuerdo comercial no dejará de ser dañino para el Reino Unido y para la UE, sin acuerdo puede ser calamitoso en una situación de la economía mundial lastrada, además, por las consecuencias de la pandemia. Si Johnson cree que con la amenaza de modificar el acuerdo de salida a través de una ley nacional puede conseguir una relación comercial con la UE más beneficiosa, puede decirse que yerra el tiro porque el desafío del 'brexit' ha tenido hasta la fecha un particular efecto unificador en la posición de los Veintisiete. 

El principio según el cual los pactos obligan ('pacta sunt servanda') es un pilar del derecho internacional. Saltárselo no es solo una burda transgresión de una norma asumida por todos los estados y consagrada en la Convención de Viena de 1969, sino que en este caso arriesga la continuidad de la estabilidad y de la convivencia en el Ulster y levantará un muro entre el Reino Unido y el resto de Europa en nombre de una autonomía de decisión y de una recuperación de la soberanía que carecen de sentido en la economía global y en las sociedades abiertas. Al mismo tiempo, el envite de Johnson establece un peligroso precedente y hace del Reino Unido un Estado poco fiable, pero que puede animar a otros gobernantes, euroescépticos o nacionalistas radicales, a imitar sus métodos. También por esta última razón, la UE no puede ceder.