Editorial

Más memoria, más democracia

La nueva ley es una oportunidad para completar el proceso social de ruptura con el franquismo y para vacunarse contra tentaciones ultraderechistas

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El ’president’ Lluís Companys y los ’consellers’ de la Generalitat presos en 1934.

El ’president’ Lluís Companys y los ’consellers’ de la Generalitat presos en 1934. / EFE / ARCHIVO

A diferencia del resto de Europa, en España ganó el fascismo. 40 años de dictadura y una Transición hecha bajo amenazas impidieron completar un proceso social de ruptura con el franquismo. Aún hoy, solo será posible si se mantiene viva una memoria fiel de lo que representó, en la que comparar desfavorablemente cualquier Gobierno de la democracia con el de la dictadura, como este miércoles hizo Vox no pueda ser considerado nada más que una aberración. Ahora, el anteproyecto de ley de la memoria desvinculará de forma clara y contundente la democracia española de la dictadura franquista. Si no hay imprevistos, se iniciará su tramitación con la aprobación, el próximo martes, 15 de septiembre, en el Consejo de Ministros. Tal como avanzaba EL PERIÓDICO, supondrá medidas tan determinantes como la anulación de todas las condenas y sanciones ideológicas del franquismo, la extinción de las fundaciones que exalten la dictadura de Franco o la retirada de honores a torturadores franquistas.

La ley manifiesta un claro compromiso con las víctimas del franquismo y aborda su reparación desde múltiples ámbitos. La esperada medida de la anulación de condenas y sanciones producidas por «razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa» redimirá la memoria de miles de personas represaliadas durante la guerra civil y la dictadura, también la tan reclamada del ‘president’ de la Generalitat Lluís Companys. También trabajan en el resarcimiento de la víctima la elaboración de una auditoria del expolio franquista o la reparación de los trabajos forzosos. Asimismo, el compromiso de asumir la búsqueda de los desaparecidos por parte del Estado supone un esfuerzo imprescindible para acabar con tantas fosas comunes que aún quedan por exhumar. Una democracia plena no puede sustentarse en los cimientos de la vergüenza.

La nueva ley de la memoria no es ajena al momento político. Sin duda, aglutina la voluntad de los partidos que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez y puede servir para cohesionar votos de cara a la aprobación de los presupuestos del 2021. Pero más allá de circunstancias partidistas, es una oportunidad para pasar página y vacunarse contra tentaciones ultraderechistas. Solo cabe esperar que sume un consenso lo suficientemente amplio para blindarse de cara a futuros cambios de Gobierno. Más allá de intereses partidistas, es una cuestión de responsabilidad política.