Más allá de la guerra judicial

El lunes se abrió el año judicial. Mal, porque el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el máximo órgano de gobierno de los jueces, sigue sin renovarse pese a que el plazo para hacerlo acabó a finales del 2018. La razón principal es que su renovación exige un acuerdo entre el PSOE y el PP, los dos grandes partidos, y Pablo Casado ya anunció la semana pasada que no habrá acuerdo mientras Podemos permanezca en el Gobierno.

La tesis es inaceptable. El mandato constitucional exige renovar cada cinco años el CGPJ y el plazo no puede prorrogarse aún más -llevamos ya dos años de retraso- porque el PP crea -legítimamente- que Podemos no debe formar parte de la coalición de Gobierno, o que las manifestaciones de Pablo Iglesias sobre la Monarquía son inaceptables. Se puede creer negativa -o incluso nefasta- la coalición PSOE-UP, pero es un Gobierno legítimo que obtuvo la confianza de la mayoría requerida en el Congreso de los Diputados.

Discrepancias sobre el método

Tampoco es lógico que el PP diga ahora que discrepa del método de elección del CGPJ. Es el que marca la ley y el PP puede querer cambiarlo, no boicotearlo. Máxime cuando la renovación, que fue acordada en el 2019, se frustró por un mensaje del portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, en el que decía que con Manuel Marchena como presidente del CGPG, y por lo tanto del Supremo, el PP controlaría la Sala de lo Penal, la que juzga los posibles delitos de los políticos más relevantes, "por la puerta de detrás". De inmediato Marchena renunció y el pacto se liquidó. Y la actitud es aún menos aceptable cuando el CGPJ se renovó otras veces -con José María Aznar y Mariano Rajoy en la Moncloa- con el mismo sistema: elección por mayoría parlamentaria de tres quintos. ¿Quiere el PP mantener su mayoría favorable ante nuevas investigaciones de la fiscalía -por ejemplo sobre María Dolores de Cospedal- que les puedan afectar?

Casado se niega también a renovar otros órganos esenciales que exigen un fuerte consenso, como el Tribunal Constitucional (cuatro de sus 12 magistrados han agotado su mandato), el Defensor del Pueblo y el consejo de RTVE.

Por otra parte, Pedro Sánchez pide unidad para aprobar, en plena crisis sanitaria y económica, unos Presupuestos que serán básicos para aprovechar las ayudas europeas. Casado responde que el PP no puede aprobar los Presupuestos -ni incluso negociarlos- porque es la alternativa de Gobierno. Es opinable. Aunque la crisis es fuerte y las ayudas europeas son claves, también es cierto que el primer partido de la oposición debe ser la alternativa. Pero cuando la negativa a los Presupuestos va unida al bloqueo del CGPJ y del TC, es difícil no concluir que Casado no cree que el PP deba ser una oposición firme, que pone sobre la mesa sus propuestas para reemplazar al Gobierno tras las siguientes elecciones -con el actual Parlamento no hay alternativa sin Sánchez-, sino que apuesta por recurrir a la crispación sistemática para derribar al Gobierno cuanto antes y forzar elecciones anticipadas.

Es una estrategia de acoso y derribo, siempre peligrosa y más en momentos de incertidumbre. Máxime cuando de las encuestas disponibles no se vislumbra un mapa parlamentario muy distinto al actual. La desconfianza en Casado se refuerza por cuanto de sus palabras tras la destitución en agosto de Cayetana Álvarez de Toledo se deducía una evolución hacia posiciones más constructivas. Por ello Antonio Franco, director de este diario durante años, tituló su último artículo: "Llámenle 'Cayetano' Casado". Esperemos que, al menos esta vez, Franco se haya equivocado.