Más universidad, menos política

Hace pocos días, la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, evidenció, con motivo de la conferencia telemática que impartió en la Universitat Catalana d’Estiu, su descontento con los equipos de gobierno de la UB y de la UAB, llegando a afirmar que “no deben permitirse los rectorados unionistas”. En paralelo a estas declaraciones, las entidades organizadoras de los actos reivindicativos de la Diada Nacional de Catalunya fijaron uno de sus puntos de concentración en las inmediaciones del edificio histórico de la Universitat de Barcelona, decisión esta que no ha agradado a algunos sectores de la comunidad universitaria.

El discurso de la presidenta de la ANC sobre este particular, aun llegando a entender el contexto apasionado en que ha sido pronunciado, no parece del todo bien meditado en cuanto al fondo. Ello es así, porque la literalidad de sus palabras puede llevar a pensar que está invitando a imponer unos equipos rectorales que lejos de centrar su acción de gobierno en la mejora de la docencia, la potenciación de la investigación y el impulso de la transferencia e innovación, acaben por ocuparse, casi en exclusiva, de temas políticos a los que no es ajena la reflexión universitaria, pero que en modo alguno, si somos respetuosos con la libertad ideológica, debieran capitalizar los esfuerzos de ningún rectorado.

En esta coyuntura, el actual rector de la Universitat de Barcelona, Dr. Joan Elias, a quienes algunos acusan de no ejercer su responsabilidad durante el confinamiento derivado del covid-19, así como de falta de liderazgo y proyecto; ha reaparecido, a principios de septiembre, en una entrevista radiofónica. Cuestionado acerca de cuál es su opinión sobre las declaraciones de la presidenta de la ANC, el rector de la UB ha terminado por manifestar que “lo que la ANC debiera hacer es cercar el Palau de la Generalitat de Catalunya, ya que es esta la responsable de la mala financiación de las universidades públicas catalanas”.

Nada puede objetarse de sus palabras respecto a la reivindicación legítima y justa de un nuevo y mejor sistema de financiación de las universidades públicas. Sin embargo, sus declaraciones pueden resultar ofensivas para quien ostenta la representación del pueblo de Catalunya; para todos aquellos que creemos que la máxima autoridad académica de una universidad nunca debe perder, guiándose por un interés electoralista o su sesgo ideológico, la lealtad institucional; o para todas aquellas personas a quienes nos escandaliza que el actual rector de la UB haya incrementado el sueldo de su gerente, en plena crisis, como así denunciaron los representantes sociales, hasta alcanzar la nada desdeñable cifra de 115.000 euros anuales.

A la luz de las recientes declaraciones que acabo de exponer, parece posible concluir, con pleno respeto al principio de autonomía universitaria, que la política de nuestras universidades debiera centrar su atención, lejos de cualquier atisbo de autoritarismo, en la generación y transmisión del conocimiento. Universidades libres que no deben aislarse de contextos injustos ni de la defensa de sus valores definitorios: tolerancia, democracia, justicia y rigor científico, entre otros. Universidades con autonomía efectiva, críticas y comprometidas con la defensa de los derechos humanos universales. Universidades alejadas de injerencias y estratagemas políticas de cualquier signo, pero no ajenas a ningún debate de relevancia social. Universidades en que sus equipos rectorales, integrados por gente diversa y que piensa diferente, puedan contribuir, fruto del enriquecedor contraste de opiniones, a la mejora de la universidad y de la sociedad en su conjunto. Hacer política para mejorar la universidad poco tiene que ver con hacer política, de uno u otro signo, desde la universidad. 

Poco ejemplificador

Una política en la que no parece buena idea que el gerente que debe negociar con los sindicatos, exigiéndoles comprensión ante los recortes sufridos, vea incrementado su sueldo en un 15%. Dicha decisión, ciertamente no ejemplificadora, deslegitima al actual rector de la UB para convertirse, por mucho que se prodigue en declaraciones grandilocuentes, en el mejor de los interlocutores a la hora de exigir una mejora de la financiación del sistema universitario. Tampoco parece de recibo que el mismo día que el Consell de l’Alumnat de la Universitat de Barcelona le reclama a dicho rector certezas acerca de cómo será el nuevo curso universitario, instándole a concretar el modelo de docencia para el curso 2020/2021; este dedique su tiempo a involucrarse en controversias políticas que en poco o nada benefician a la institución.

De ahí, la imperiosa necesidad de diseñar políticas universitarias que vengan a dar respuesta a los problemas, del día a día, que afectan a nuestros campus y, en especial, a los diferentes estamentos de la comunidad universitaria: alumnado (altas tasas de matrícula, sistema de becas), personal de administración y servicios (temporalidad, diseño de una auténtica carrera profesional, teletrabajo) y personal docente e investigador (precariedad, falta de relevo generacional e infrafinanciación y externalización de la investigación). Y todo ello implementando, en paralelo, acciones relativas, entre otras, a las políticas de igualdad entre mujeres y hombres, respeto de los objetivos de desarrollo sostenible e internacionalización.