La hora de la autonomía escolar

En pocos días y después de seis meses las escuelas van a abrir sus puertas para volver a una educación presencial que se ha demostrado imprescindible para garantizar el derecho a la educación. A pesar de la incertidumbre y los riesgos inevitables que ello supone, no deja de ser una excelente noticia. La pandemia ha puesto de relieve cuán necesaria es la escuela, no solamente como espacio de aprendizaje sino como entorno de socialización y de generación de comunidad. A pesar de las innegables críticas que pueden realizarse sobre el lugar que ha ocupado la educación en esta crisis, hay que aplaudir que los distintos sectores de la comunidad educativa hagan el esfuerzo de volver a la escuela, aunque esta sea, por ahora, forzosamente distinta.

Decidida la vuelta, se abren múltiples interrogantes sobre cómo hay que regresar. En los últimos meses hemos sido testigos de reproches entre profesorado, familias y administraciones educativas que han evidenciado perspectivas distintas sobre las condiciones sanitarias y pedagógicas para una vuelta lo más segura posible. La solución difícilmente puede ser única, ni puede ser sencilla. Pero quizá lo más sorprendente haya sido la confusión sobre quién debe decidir qué. Las posiciones se han movido entre quienes han esperado que sea la administración educativa la que diera respuesta a todo, quienes han optado por objetar a cualquier forma de regreso, o quienes han tomado iniciativas de forma independiente sin esperar instrucciones. Esta diversidad de reacciones demuestra que estamos en un terreno en el que la división de funciones y responsabilidades están poco claras. La crisis educativa derivada del coronavirus es también una crisis de gobernanza no resuelta. Por más que contemos con decretos y normas al respecto, las líneas de separación de competencias son borrosas.

Parece claro que la administración pública -no solo la educativa- debía haber fijado con mayor antelación y claridad los protocolos y mecanismos básicos de la seguridad sanitaria con el menor costo educativo posible. Esto incluye decisiones sobre ratios por edades (la falta de coordinación entre Educación y Salud no ha ayudado), distancia mínima e higiene. También hubiera sido deseable que la administración hubiese dejado claro las dotaciones suplementarias de profesorado y de otros profesionales y acelerar los nombramientos para que los centros pudieran tener claro con qué capital humano contar al inicio de curso. Sorprende igualmente que hasta la fecha no sepamos de otros espacios municipales a disposición de las escuelas, a pesar de que algunos ayuntamientos los hayan ofrecido.

A partir de ahí, debe corresponder a los propios centros escolares ejercer su autonomía para dar respuesta a las necesidades de su alumnado. Ello debería poder incluir decisiones sobre niveles de presencialidad, sobre uso flexible de espacios y tiempos, sobre distintas funciones del personal docente o sobre formas de colaborar con sectores de educación en el tiempo libre. Es en el ejercicio de la autonomía escolar donde la crisis del coronavirus adquiere una dimensión de oportunidad para innovar en un modelo de enseñanza-aprendizaje que necesitaba cambiar mucho antes de la llegada de esta crisis. Si no es ahora, ¿cuándo lo haremos?

Suscríbete para seguir leyendo