La negociación de los ertes por el covid

La primera reunión para negociar la cuarta prórroga de los expedientes de regulación de empleo (erte) vinculados al covid-19, celebrada este viernes en Palma, acabó con una certeza y muchas incógnitas. La certeza fue la sintonía que tanto Gobierno como sindicatos y patronal exhibieron en que la ayuda no puede rebajarse del 70% al 50% de la base reguladora a partir del sexto mes, como dicta la ley vigente -herencia de la reforma laboral del PP- y que, si no se modifica, es lo que le ocurrirá en la próxima paga a todos aquellos trabajadores afectados por un erte desde marzo. En este punto, pues, no se esperan discrepancias, lo que supondría un alivio para muchos hogares. Al no rebajar la prestación, el Gobierno reforzaría además el mensaje que pretende transmitir con los ertes, de que ningún trabajador ni empresa quedarán desprotegidos en esta crisis.

A partir de aquí, comienzan las incógnitas. No hay acuerdo sobre hasta cuándo durará esta nueva prórroga de los ertes, ni en qué condiciones se aplicarán: exoneraciones de las empresas a la Seguridad Social, prohibición de despedir o no en los seis meses siguientes, quiénes se podrán acoger... Los ministros Nadia Calviño (Asuntos Económicos) y José Luis Escrivá (Seguridad Social) son partidarios de restringirlos a los sectores económicos más afectados. Patronal y sindicatos ponen objeciones, por el riesgo de dejar fuera a empresas de otros sectores que no puedan abrir por la pandemia. Los ertes por el covid se aprobaron en un momento muy determinado, concebidos como una medida de choque. La evolución de la crisis obliga a remodelar esta herramienta, para adaptarla a una situación que será prolongada. Del mismo modo que en junio se aprobó la cláusula de los 'ertes del rebrote', para cubrir circunstancias no previstas inicialmente, también ahora hay que pensar cuál es la manera más efectiva de actuar a medio plazo. El lunes prosigue la negociación en una mesa técnica, para intentar acercar posturas antes de que finalice el plazo, el 30 de septiembre. Los agentes sociales demostraron en la fase crítica de la pandemia un gran sentido de la responsabilidad al alcanzar acuerdos para prorrogar los ertes. La economía del país, y la ciudadanía en general, sigue necesitando de ellos el mismo grado de compromiso.