¿Es la hora del indulto?

Dos constataciones. Una, el Tribunal Supremo dictó sentencia contra los políticos catalanes responsables del 1 de octubre y en un Estado de derecho las sentencias -gusten o se crean injustas- deben ser acatadas. Dos, que políticos que obtuvieron el 47% de los votos en las últimas elecciones catalanas estén en prisión no ayuda a la normalización de la vida social y política. Ni incluso a la de España, lo que es muy nocivo en momentos de grave crisis. Y más cuando -al menos por el momento- se ha cerrado la vía del tercer grado de la libertad restringida.

Y tampoco ayuda la paralización -Quim Torra y Carles Puigdemont la quieren- de la mesa de negociación entre la Generalitat y el Gobierno de Madrid. El periodo preelectoral catalán y la ausencia de mayoría del Gobierno de Pedro Sánchez son dificultades objetivas, pero es obvio que esta paralización perjudica la desinflamación de un conflicto que también parte en dos mitades -la independentista y la no independentista- a Catalunya.

Varias iniciativas

¿Todo continuará así hasta después de las elecciones catalanas que parece que se retrasan a febrero? No es el mejor escenario. Por eso hay que reseñar las iniciativas que están surgiendo a favor del indulto a los condenados. El prestigioso penalista Francesc Jofresa, nada independentista, lo pidió ya antes del verano. La UGT estatal lo ha solicitado para la 'exconsellera' Dolors Bassa, militante de la UGT catalana que ha afirmado desearlo. Tres expresidentes del Parlamento catalán lo tramitan para Carme Forcadell, que presidió esta Cámara. Y quizá lo más significativo, Lliga Democràtica, un grupo de centroderecha, se ha expresado también a favor del indulto. Esta última petición rompe esquemas ya que uno de los principales promotores de la Lliga es Josep Ramon Bosch, que fue fundador y presidente de Societat Civil Catalana. Y en la famosa manifestación de SCC uno de los gritos más coreados fue "Puigdemont, a la prisión".

El indulto es atacado por quienes sostienen que las sentencias deben cumplirse siempre, en primer lugar los fiscales del Supremo, y que las condenas no pueden ser papel mojado. También por los soberanistas que creen merecer la amnistía (inconstitucional) y que recurrirán ante los tribunales europeos.

Pero la realidad es tozuda. El indulto es perfectamente legal y constitucional y sería un factor de distensión. Y los presos, que aceptaron el tercer grado y recurren contra su privación, sería absurdo que no lo aceptaran como ha explicitado Bassa. Otra cosa es que no lo soliciten directamente.

Han pasado ya tres años desde el 1 de octubre del 2017 y ya se ha visto que la vía judicial -quizá entonces inevitable- no ha servido para resolver un problema complejo que se encrespó con la sentencia del Constitucional del 2010 sobre el Estatut de cuatro años antes y con la crisis económica. Es hora -si no queremos convertirnos en estatuas de sal- de mirar el futuro sin ser prisioneros del disparate del 2017. Ya entonces Miquel Iceta sugirió que el indulto podría acabar siendo necesario, lo que no le favoreció nada en las elecciones de aquel año. "Desgraciado aquel que se adelanta a su tiempo", dice el viejo proverbio chino.

Pero el proverbio sigue, "más desgraciado todavía aquel que se retrase a su tiempo". Hoy el Gobierno de Sánchez debe corroborar con hechos -no solo palabras- su voluntad de desinflamar. El indulto de Bassa, que pide la UGT, sería una primera muestra. Y cuando los fundadores de SCC lo reclaman, la derecha española debería pensárselo dos veces antes de oponerse.