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Se cumple estos días el quinto aniversario de la muerte de<strong> Aylan Kurdi</strong>, el niño de tres años ahogado en su intento de escapar del horror sirio. Desde entonces unos 725 pequeños han perecido intentando llegar a las costas europeas. También, desde entonces se contabilizan en 210.000 niños y niñas no acompañados los que anhelan conseguir la protección internacional, por menores y por refugiados, tal y como expone en el informe La protección de la infancia migrante y refugiada en España y en Europa la organización Save the Children.

Sólo en este año, sí, en el año de la pandemia, 300 personas han muerto intentando llegar desde Libia a Europa. Esos son los que se han localizado, el resto se encuentran en esa gran fosa común que es el Mediterráneo. A pesar del impacto que generó en las opiniones públicas europeas la muerte del Aylan, poco o nada ha cambiado en unas políticas migratorias que siguen operando sobre la lógica de la seguridad, construyendo al otro como una amenaza para sus sociedades, ejerciendo de manera implacable una necropolítica que, sin duda, terminará por pasar factura.

Y no, Europa no es un ejemplo. Cuando decimos Europa, decimos los gobiernos europeos, porque no está de más recordar que la UE no es la última responsable de las políticas migratorias, sino que es algo potestativo de los Estados. Esos Estados, esos gobiernos, que todos hemos votado, que no ven necesario diseñar políticas sostenidas en el respeto a la vida y en la defensa de los derechos humanos. Al igual que miran para otro lado cuando se suceden los ataques xenófobos y racistas y que no hacen más que dar alas a los discursos y fuerzas políticas de la extrema derecha que criminalizan a las personas migrantes.

Vulneraciones del derecho internacional

Este verano se han vivido sucesos que, un verano normal, habrían llenado las páginas de los periódicos. Grecia decidió expulsar en secreto a más de 1.000 refugiados durante estos meses estivales simplemente poniéndoles en botes directamente en el mar. Esta acción se sumaba a la llevada a cabo por el Gobierno conservador griego en el mes de marzo, cuando suspendió toda gestión de las solicitudes de asilo en su territorio. Ambos hechos vulneran de manera flagrante un derecho internacional que Grecia se comprometió a cumplir, y, por tanto, se trata también de una quiebra de su propio estado de derecho. Por otro lado, el incremento de las llegadas de migrantes a las costas de Sicilia durante estos meses, como siempre en estas fechas, y su gestión ha conseguido revivir un discurso del odio liderado por Salvini que hacia tiempo no se escuchaba. Los migrantes son acusados de todos los males. Ahora toca el covid-19 y los migrantes acusados de expandir el virus. Caldo de cultivo.

Pero, como ya se ha visto en otros ámbitos, la pandemia no hace más que agudizar carencias ya presentes entre nosotros. La precariedad de los centros de acogida, la lentitud de los procedimientos y el todo vale en la situación actual, hacen florecer discursos de odio que no hacen sino dividir y polarizar a las sociedades. Y mientras, nuestros gobiernos, continúan impasibles ante los Aylan del mundo.