La privatización de la justicia

Hace tiempo que viene intentando imponerse, por ahora sin éxito, una tendencia consistente en desmontar en la mayor medida posible el poder judicial, privatizando así la justicia. La medida, que proviene directamente de EEUU, es apoyada decididamente por varios gobiernos, básicamente para lograr un ahorro de costes en el poder judicial. Hasta aquí sería un capítulo más del intento de privatización de lo público propio del neoliberalismo.

Lo preocupante es que se ha introducido con cierto éxito esta 'cultura' con argumentos un tanto ingenuos, o claramente propios de un 'flowerpowerismo' fuera de época. Es alucinante que una medida de raigambre claramente neoliberal utilice como instrumento de propaganda motivaciones –más bien señuelos– posmodernos. Pero así está siendo. Y todavía se está siguiendo por ese camino, aunque hoy por hoy el discurso suena cada vez más trasnochado.

La idea de los privatizadores de la justicia es simple. Dos ciudadanos que tienen un conflicto, ¿por qué tienen que gastar el dinero acudiendo a un juez, si pueden resolver su problema por sí mismos –es un decir– acudiendo a un mediador? ¿Por qué acudir ante un encorsetado juez, si los contendientes pueden elegir a un tercero de su confianza, es decir, a un árbitro, para que resuelva rápidamente su problema?

Desigualdades entre ciudadanos

Como se ve, los argumentos son atractivos, pero absolutamente falsarios. Dos contendientes no acostumbran a conocer a un tercero de su confianza. Además, los tribunales y los abogados existen hoy en día para igualar a las partes en las defensas de sus derechos. Los jueces son profesionales pagados por el Estado, es decir, entre todos, a los que intentamos dotar de una formación de excelencia a fin de que cualquier ciudadano y su contendiente puedan acudir ante ellos, con el objeto de que tras escucharles y cerciorarse de la realidad del conflicto a través de la prueba se les haga justicia aplicando correctamente el derecho. Cada parte acudirá acompañada con un abogado, cuya formación deberá ser igualmente excelente para que ambos litigantes tengan las mismas oportunidades. Dicho sea de paso, si la formación universitaria de los juristas falla y se hace algo vulgar y simple, el sistema colapsa.

En la mediación, en cambio, no se precisan abogados. Los propios litigantes exponen su posición ante un mediador, quien intenta dinamizar la relación entre ambos para que lleguen a un acuerdo. Pero en ese escenario que parece tan bucólico, en realidad florecen las desigualdades entre ciudadanos. Y eso es justo lo que están deseando los poderosos de las sociedades. Tienen mucho dinero y el sistema de justicia les molesta. Les obliga a pagar impuestos para sufragar un servicio público en el que no creen, y se ven forzados a gastar dinero para defenderse en el proceso, teniendo que tratar al oponente como alguien igual a ellos. Eso no ocurre en la mediación, porque por intensa que sea la labor del mediador, las diferencias se acabarán imponiendo. El débil, en una mediación, no tiene absolutamente nada que hacer frente a un poderoso. En cambio, en un proceso judicial puede vencer. Solo la mediación penal abre perspectivas más prometedoras; en ciertos casos es positivo que reo y víctima se conozcan.

Por su parte, el arbitraje ha sido colonizado por el elitismo de algunas asociaciones arbitrales, sobre todo en litigios de elevada cuantía. Una excepción reseñable, aunque demasiado pequeña, la constituye el arbitraje de consumo, configurado para que los consumidores puedan formular con mayor facilidad sus reclamaciones. Sin embargo, su ámbito es muy reducido por la lógica necesidad de que el comerciante consienta someterse a ese sistema arbitral.

Se queja el poder político de que hay demasiados pleitos, y busca remedios baratos para las arcas públicas como los indicados, pensando sobre todo en el presupuesto y no en la calidad de la justicia. Nadie parece darse cuenta de que la clave de la reducción del número de litigios está en que el sistema de justicia funcione a la perfección. Muchos litigios –deudas, ocupaciones ilegales de inmuebles, etcétera– derivan de la consciencia de los incumplidores de que acudiendo a los tribunales ganan tiempo porque son muy lentos. En el momento en que la justicia funciona, los ciudadanos cumplen, porque acudir a un proceso ya no les sirve para torear vilmente a su oponente. La calidad de los tribunales, por cierto, no es solo cosa de jueces, sino también del resto de personal al servicio de la Justicia, policías inclusive.

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