La Diada de la pandemia

Con la excepcionalidad impuesta por el covid-19, los pueblos y ciudades de Catalunya se disponen a retomar la actividad después del tradicional parón estival, que en esta ocasión ha transcurrido plagado de incógnitas pendientes de resolución, la más trascendente de las cuales sigue siendo la ya inminente reapertura de los colegios. Es también por estas fechas que Catalunya se prepara para retomar el pulso político después de los inevitables culebrones de verano, con el pistoletazo de salida que marca la Diada y que este año llega con aires preelectorales. Una festividad que, desde el inicio del 'procés' en el 2012, ha ido abandonando su carácter inclusivo para convertirse, con la complicidad y liderazgo de los dirigentes independentistas, en el termómetro que marcaba la temperatura política del soberanismo.

Pero la Diada, más allá de la voluntad de apropiación del independentismo, político y social, sigue siendo la fiesta de todos los catalanes, piensen como piensen. Este debería ser siempre el primer objetivo de la celebración y no está de más recordarlo. Aunque lo cierto es que en esta ocasión la pandemia obliga a que las consideraciones sanitarias se sitúen, en el orden de prioridades, por encima de las políticas. Lo demuestra el hecho de que esta será la primera vez en la que no van a organizarse actos institucionales presenciales. La situación sanitaria en Catalunya así lo aconseja y ha hecho bien el Govern entendiendo la excepcionalidad del momento que obliga a la máxima precaución, particularmente entre los responsables institucionales, cuando en paralelo se están exigiendo sacrificios a los ciudadanos, como el de renunciar a celebrar encuentros sociales con más de 10 personas.

También hace bien el Govern respetando el derecho de manifestación y, a la vez, exigir que, al mismo tiempo, se tengan en cuenta las medidas de seguridad de obligado cumplimiento que impone la situación pandémica que vivimos. A pesar de las críticas de la oposición, particularmente de Cs, el derecho de manifestación no puede restringirse alegremente. La pandemia no puede ser utilizada para suspender, salvo extrema necesidad y justificación, los derechos fundamentales de los ciudadanos. Y este es el caso del derecho de manifestación. 

El Govern sí tiene, en cambio, la obligación de forzar a los organizadores de todas las convocatorias, con especial atención a las que reunirán un mayor número de asistentes –las promovidas por la ANC, con la colaboración de Òmnium y la AMI–, a prever las medidas de seguridad que la situación requiere y hacer cuanto esté en su mano para que sean cumplidas a rajatabla. El Ejecutivo también deberá actuar sin contemplaciones si, llegado el caso, los manifestantes actúan con una irresponsabilidad que, siendo siempre censurable, lo es mucho más en el momento actual, en el que el propio Govern ha reconocido que Catalunya se juega en las próximas tres semanas el devenir sanitario del otoño. No tenemos ninguna duda que el civismo se impondrá y que todo el mundo sabrá estar a la altura de las circunstancias que la Diada 2020 nos exige a todos.