El virus y la economía sumergida

La economía sumergida no es un concepto nuevo, pero la pandemia la ha desnudado de cualquier artificio y la muestra en toda su crudeza. No hay posibilidad de seguir ignorando la realidad de cientos de miles de personas que trabajan de forma irregular, sin contrato laboral y por lo tanto desprotegidas. Al ser trabajadores invisibles para el sistema, tienen mucho más difícil acceder a los planes de protección social previstos por la Administración para quienes han perdido su empleo o están afectados por un expediente de regulación temporal (erte). Así, acaban siendo doblemente perjudicados. La desigualdad se extiende como un síntoma epidémico más del covid-19 y suma obstáculos a su control. Un claro ejemplo de ello lo hemos visto en la dificultad para realizar cribados masivos, que ha puesto en jaque el control de la pandemia. Son demasiados los que se niegan a someterse a una prueba PCR porque, simplemente, no pueden enfrentarse a un resultado positivo. Está en juego su subsistencia. 

Desde trabajadores domésticos o cuidadores hasta temporeros y vendedores ambulantes. El perfil del trabajador irregular alcanza numerosos sectores de actividad y va más allá del inmigrante sin documentación ni permiso de trabajo. Todos ellos forman el eslabón más bajo de la escala laboral. Si no trabajan, no cobran. Buena parte de ellos viven en condiciones inhumanas, sin acceso al padrón y, por tanto, sin tarjeta sanitaria. La Generalitat calcula que puede haber 100.000 personas en esta situación de invisibilidad. 

Combatir la economía sumergida, mediante, entre otros mecanismos, una reforma fiscal que acumula ya demasiado retraso, mejoraría la situación de estos trabajadores vulnerables y, también, la situación socioeconómica del país. Los ingresos que deja de obtener un Estado por empleos por los que nadie cotiza ni paga impuestos acaban haciendo tambalear los pilares del bienestar, es dinero que no se destinará al bien común (sanidad, educación, cultura...). Las cifras de la economía sumergida oscilan entre el 25% del PIB español que señala la patronal catalana Foment del Treball o el 11,2% que apunta, a partir de datos del FMI, la Agencia Tributaria. Este organismo hizo aflorar 15.715 millones en el 2019. Son cifras inaceptables que lastran la economía y tienen un coste social inasumible. La pandemia ha desvelado que la desprotección de unos cuantos es la desprotección de todos. Frenar la miseria también contribuye a frenar el virus.