La asfixia del SEPE

Los trabajadores del SEPE, el antiguo INEM, llevan tiempo advirtiendo de la imposibilidad de absorber con la agilidad necesaria la tramitación de las prestaciones a las que tienen derecho los trabajadores afectados por los ertes, los eres y los despidos individuales acumulados desde el inicio de la pandemia. A pesar del esfuerzo realizado, los retrasos afectarán al cobro no solo de las prestaciones extraordinarias establecidas para hacer frente al parón de actividad durante y después el estado de alarma (el 1% de los pagos de ertes acumulan retrasos y dos tercios de los subsidios para trabajadoras del hogar no se han abonado), sino también a las ordinarias; quienes se quedaron en el paro en julio podrían no cobrar hasta el mes de octubre. El colapso también alcanza a la Seguridad Social; tras haber negado la necesidad de incrementar los efectivos para absorber la tramitación de las peticiones de los demandantes del Ingreso Mínimo Vital, el Ministerio de Inclusión está pendiente de que Hacienda autorice la contratación de 1.250 interinos para hacer frente a la carga de trabajo. 

Será difícil que el servicio público de empleo pueda plantearse mantener su actividad sin medidas similares. En los últimos años, la plantilla del SEPE se ha contraído en una tercera parte: quizá en tiempos de bonanza del mercado de trabajo fue posible mantener el funcionamiento normal del organismo con recursos humanos disminuidos. Pero el incremento exponencial de las necesidades a atender lo está haciendo imposible. Y la creación de un nuevo subsidio para 550.000 trabajadores sin ninguna prestación, una buena noticia, puede hacer aún más difícil la gestión.

Todo el conjunto de medidas emprendidas para no dejar a millones de trabajadores en una intemperie absoluta tiene el carácter de respuesta de urgencia a una crisis general pero también de auxilio inmediato para hacer frente a necesidades básicas inaplazables. No basta con anunciarlas, y ni siquiera con movilizar la cantidad ingente de liquidez necesaria para hacer frente a ellas, si no se dispone de la estructura administrativa necesaria para que lleguen a sus beneficiarios cuando es necesario.