Dinero municipal: ¿Dinero de todos?

Entre estadísticas médicas y crónicas reales, la actualidad informativa de este verano destaca también por el conflicto entre el Gobierno central y algunos ayuntamientos sobre el uso de los remanentes presupuestarios municipales.

La propuesta inicial del Real Decreto Ley 27/2020 ha sido recientemente mejorada, pero sigue sin sumar a importantes municipios, ni a partidos del arco parlamentario. Mientras, los contribuyentes, fuente última de estos fondos, asistimos atónitos a este conflicto institucional.

Nuestras patronales fueron las primeras en reclamar, ya en el mes de abril, que se desbloquearan los 14.000 millones de euros de los municipios para atenuar los devastadores efectos de la crisis. Así nos manifestamos también en nuestra comparecencia del pasado 8 de junio ante la Comisión para la Reconstrucción del Congreso de los Diputados. Dos meses más tarde, el Gobierno plantea una propuesta poco generosa, si tenemos en cuenta que la Administración local es la auténtica trinchera de esta grave crisis.

Muchos municipios han adoptado medidas incluso más ambiciosas que las del Gobierno, prorrogando y suspendiendo sus respectivos tributos. Algunos municipios han completado las pocas ayudas directas existentes, como el cese de actividad de los autónomos. Por ejemplo, los comerciantes han recibido subvenciones en algunas localidades para el pago de sus alquileres y otros gastos recurrentes. PIMEC había propuesto medidas en este ámbito a nivel estatal, inspiradas en Italia, que hasta la fecha no han prosperado.

Tras haber asegurado 140.000 millones del Plan Europeo de Recuperación, el gabinete de Sánchez podría haber completado su oferta sobre los remanentes con un compromiso de distribución de los fondos europeos al mundo local. Añadir unos euro-millones a los desembolsos del 2021 sería apenas una pedrea comparada con el Gordo llegado de Bruselas.

Más allá de ideologías políticas, el principio de subsidiariedad debería primar en la respuesta a la crisis y, por tanto, convendría priorizar el gasto en las administraciones más cercanas al ciudadano. El Gobierno central debería así liberar los remanentes municipales, pero a la vez asumir su papel de guía y orientación en este gasto. Nuestras organizaciones han venido reclamando que estos remanentes se destinen de forma preferente a liquidar facturas pendientes con pymes y autónomos, así como a apoyar la continuidad de los pequeños negocios locales, para evitar su cierre y la correspondiente destrucción de puestos de trabajo. Estas directrices las debería marcar y supervisar el Gobierno, en consenso con los municipios.

Al Gobierno le ha faltado sensibilidad empresarial, especialmente con las pymes y los autónomos. España es el país más castigado por los efectos de la crisis del coronavirus en Europa, pero el que menos ayudas directas está otorgando. No hay mejor política social que procurar un empleo a los ciudadanos y es deber de las administraciones el trabajar unidas para que el dinero de los contribuyentes se emplee de la mejor manera posible en la lucha contra esta crisis sin precedentes.