23 sep 2020

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EDITORIAL

Podemos y la transparencia

Ante la investigación judicial de las finanzas del partido de Iglesias se debería responder dando explicaciones públicas

El líder de Podemos y vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, en el Congreso.

El líder de Podemos y vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, en el Congreso. / EFE / J. J. GUILLÉN

El Partido Popular y Vox, este último partido con una implicación directa en la tramitación de la causa, han elegido como instrumento para atacar la presencia de Podemos en el Gobierno, y por lo tanto la misma viabilidad parlamentaria del Ejecutivo, la investigación contra el partido de Pablo Iglesias y tres cargos del partido tras las denuncias del exabogado de la formación, José Manuel Calvente. Tras ser despedido el pasado mes de diciembre, Calvente denunció la existencia de gastos sin justificar en la contabilidad de Podemos y el pago de sobresueldos. El juez Juan José Escalonilla ha reclamado información exhaustiva sobre las finanzas de la organización y ha decidido imputar a los dirigentes señalados por posible malversación y administración desleal.

El PP reclama la dimisión de Pablo Iglesias o su destitución inmediata por Pedro Sánchez, y en caso de que esto no suceda consideraría corresponsable al presidente del Gobierno (cuyos miembros han lanzado el mensaje de que la solidez de la coalición no peligra pero sin que el PSOE se ha prodigado en defender a Podemos de las acusaciones). Los populares argumentan que resulta contradictorio que se impulsara la moción de censura contra Mariano Rajoy pero que en circunstancias similares no se asuman responsabilidades.

Lo cierto es que las dos situaciones no son en absoluto equiparables. Las demandas de dimisión de Mariano Rajoy se sucedieron tras una serie de investigaciones, causas y condenas que apuntaban a unas prácticas generalizadas de financiación irregular del partido. Y la moción de censura llegó cuando, con una sentencia sobre la mesa, era inevitable concluir la responsabilidad política de Mariano Rajoy y sobre hechos probados penalmente.

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Podemos alega y sostiene que la causa no es más que una investigación prospectiva, una práctica penal indebida que en realidad pretende indagar hechos distintos de los denunciados: que el PP haya blandido la sospecha de "financiación irregular" podría apuntalar esta impresión. Los de Iglesias se escudan también apuntando a la evidente movilización política y mediática de quienes ven cuanto menos con incomodidad su presencia en el Gobierno.

Pero la formación que preside Pablo Iglesias no puede responder únicamente descalificando las intenciones del denunciante, afirmando que no hay nada que ocultar o aún menos guardando silencio como ha sucedido después de que el juez haya aprobado la imputación. Sin sumarse al discurso tremendista del PP, Ciudadanos ha hecho una reclamación razonable, que Iglesias comparezca ante la Comisión de Calidad Democrática del Congreso para informar. Las exigencias de ejemplaridad y combate radical contra las prácticas ilegales o viciadas en la política española de las que Podemos hizo en gran parte su razón de ser también debería aplicárselas coherentemente a sí mismo. En el estadio actual de este caso lo mínimo que se puede esperar es lo mismo que se reclamó sin éxito desde el minuto uno a los responsables de las finanzas del Partido Popular: explicaciones y transparencia.