EDITORIAL

Los ayuntamientos, pieza clave

Los municipios deben disponer de los recursos necesarios para su labor de primera línea frente a la emergencia social

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el alcalde de Vigo y presidente de la FEMP, Abel Caballero, momentos antes de la firma del acuerdo entre el Ejecutivo y la entidad, el 4 de agosto.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el alcalde de Vigo y presidente de la FEMP, Abel Caballero, momentos antes de la firma del acuerdo entre el Ejecutivo y la entidad, el 4 de agosto. / EFE / MARISCAL

El acuerdo entre el Gobierno español y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), con el único apoyo del partido socialista, para la utilización del superávit municipal hasta ahora congelado por la ley de estabilidad presupuestaria del 2012 ha puesto en pie de guerra a ayuntamientos y comunidades autónomas gobernadas por partidos de todo signo, incluyendo a consistorios con gobiernos socialistas. Un recurso de emergencia para aliviar la falta de liquidez inmediata de la Administración central, con la recaudación fiscal contraída y necesidades de gasto más que imperativas, ha entrado en conflicto con los principios de la autonomía financiera y de la subsidiariedad, la gestión de las necesidades inmediatas de los ciudadanos por la administración más próxima.

La acumulación de estos 15.000 millones de euros que quieren transferirse a un fondo estatal a cambio de una inversión paulatina de 5.000 millones de euros a lo largo de los años 2021 y 2022 y del retorno, en un máximo de 15 años, de las cantidades aportadas, debe buscarse en la legislación que, en época del ministro del PP Cristóbal Montoro, impuso unas medidas draconianas para controlar el déficit, con un techo de gasto incluido y con la prohibición de disponer del superávit anual y de los remanentes acumulados. Los ayuntamientos del país ya se habían pronunciado, antes incluso de la pandemia, a favor de flexibilizar estos límites y de aprovechar la buena gestión municipal para atender a las necesidades de los vecinos de manera inmediata. La renuncia al constreñimiento del techo de gasto público por parte de la Unión Europea hacía que, en buena lógica, la misma lógica se aplicase a las administraciones locales, haciendo caducas las disposiciones establecidas en el 2012. 

El acuerdo citado, sin embargo, ya se inició con un acalorado debate entre los representantes de los municipios del  PSOE y el resto y con un empate en la votación final (con abstención de Unidas Podemos) que se solventó con el voto de calidad del presidente de la FEMP, Abel Caballero. Diversos alcaldes (entre ellos, los de Madrid, Bilbao, València, Lleida y Zaragoza) han expresado su disgusto por cuanto "se vulnera la autonomía financiera de las entidades locales" y por lo que, según ellos, representa "una confiscación". En el caso de Barcelona, que no ha firmado el documento reivindicativo, también se incluye en el grupo de quienes no están dispuestos a renunciar al control de estos recursos. Igual, paradójicamente,  que las administraciones controladas por el mismo partido que desplegó la legislación que maniató financieramente a los ayuntamientos.

El decreto fruto del acuerdo no cuenta con los apoyos necesarios para ser convalidado en el Congreso se enfrentará a recursos ante el Constitucional, con lo cual es posible que tenga una vida corta. Ha de empezar a ponerse sobre la mesa ya una alternativa que reconozca el esfuerzo de las administraciones locales que administraron con más responsabilidad y al mismo tiempo ponga los recursos necesarios a disposición de todos los entes que tienen la responsabilidad de ser la primera línea de actuación ante una crisis social de la que solo hemos visto sus primeras manifestaciones.