Una revolución verde que tenga en cuenta el territorio

Nos encontramos inmersos en una profunda crisis ecológica que hay que afrontar y en la que hay que reivindicar valentía para que no beneficie a los de siempre. Son necesarios cambios globales y hay que dar respuesta a múltiples retos como país, desde la producción de alimentos hasta la gestión de la biodiversidad, pasando por la gestión de residuos y la generación y el consumo energético.

Es este último punto, el debate energético, el que hay que plantear de manera decidida y valiente, porque la transformación energética es imprescindible para transitar hacia un futuro sostenible. Y una vez más hay que afrontar el debate de manera reactiva ante la falta de un diálogo constructivo previo.

De espaldas a la gente

Las víctimas que las grandes empresas del Ibex y los oligopolios se han cobrado hasta ahora son muchas, desde la factura de la luz que pagamos todos nosotros hasta la contaminación de las grandes infraestructuras que generan energía. Ahora no hablamos de pantanos o centrales nucleares, ahora enarbolan la bandera verde para seguir con el mismo modelo, y es este modelo energético lo que hay que cambiar para hacerlo realmente verde y sostenible. No se puede seguir favoreciendo a las grandes eléctricas y empresas del Ibex mientras no se tiene en cuenta el territorio y su opinión.

Debemos poner la energía verde al servicio del territorio y su gente, no el territorio al servicio de la energía y aprovechar los espacios antropizados que ya existen en muchos lugares y que nos permiten generar proyectos de proximidad y de pequeña escala.

La necesaria transición energética no se puede convertir en una barra libre, sin control ni criterios

El decreto ley de medidas urgentes para la emergencia climática elimina trabas administrativas para las grandes empresas, pero también abre paso a la especulación y pone en bandeja a las grandes multinacionales y los capitales inversores la ocupación de terrenos sin consultarlo con los que vivimos en ellos. Somos una traba administrativa, según este decreto.

Si queremos tener un país vivo que cuida el territorio, no podemos convertir la necesaria transición energética en una barra libre, sin control ni criterios. Dentro de 15 años debemos poder mirar atrás y ver que lo hicimos bien, que nos hemos convertido en el referente verde del sur de Europa y que hemos apostado por un modelo democratizador, a favor del territorio y de su gente. Y no que tenemos el país lleno de grandes proyectos en manos de los oligopolios. La energía verde lo es porque lo primero que hace es respetar el territorio donde se produce.

El ataque al territorio tiene aún una segunda vertiente, y es que nuevamente un decreto como este se ha hecho de espaldas a las alcaldías y la representación territorial, sin consenso y sin negociación. No podemos cargar la revolución verde una vez más sobre el territorio. Los municipios queremos ser protagonistas impulsando proyectos de autosuficiencia energética, con la participación de la ciudadanía.

Sobrecarga administrativa

El decreto es una propuesta que da la espalda a los que trabajamos y vivimos el territorio y permite engordar los bolsillos de las grandes empresas del Ibex. Además, los ayuntamientos que tienen una solicitud de proyecto son requeridos a dar una información sobre el territorio que les supone una sobrecarga administrativa ingente. Se ha hablado de eliminar trabas administrativas a las empresas, pero no a los servicios municipales, que no disponen de los recursos técnicos necesarios para proyectos de esta magnitud.

No se nos puede usar para dar respuesta a las peticiones especulativas y para facilitarles el trabajo a las multinacionales. Hemos de ser y queremos ser actores y actrices de nuestro futuro, debemos poder plantear qué queremos ser y sobre todo qué no queremos ser

La lucha contra el cambio climático y a favor de una energía verde y cercana la tenemos que hacer desde los pueblos y las ciudades, y necesitamos la energía verde y el cambio hacia un día a día más sostenible y menos contaminante que también suponga dar trabajo y dar servicio a las empresas de nuestro país, y no que generen beneficios a las grandes empresas mientras la agricultura y nuestro paisaje desaparecen.

El consenso sobre qué hacemos y con qué objetivos debe ser un reto de país. Y por eso pedimos al Govern que hable con el territorio, que negocie y que nos planteen un proyecto de futuro donde nos sintamos reforzados y que podamos impulsar conjuntamente.

Queremos un territorio vivo, que cuide el paisaje, con espacios forestales que no supongan una amenaza, con suelo agrícola que pueda vivir y no esté esperando la próxima recalificación para hacerlo rentable, y no ser vistos como reserva de suelo para el Ibex. La queja no es nueva, pero el debate sigue vigente y con ataques como este decreto solo nos alerta ante quien quiere malvender la tierra.