El inmobiliario como motor de BCN

Existe consenso entre los especialistas en afirmar que Barcelona fue pionera en implementar la directiva europea Bolkestein en nuestro país, al desarrollar un régimen de  declaraciones responsables sustitutivo de determinadas licencias urbanísticas que ha servido de clara inspiración a diferentes capitales de nuestro entorno que, con el tiempo, han ido adoptándolo y continúan todavía desarrollándolo en función de sus propias peculiaridades locales.

Pues bien, en la actual situación de crisis generada por la pandemia, algunas de esas mismas capitales ibéricas han vuelto su mirada al sector inmobiliario, conscientes de que —a diferencia de lo que acaeció en la anterior crisis— en esta ocasión el sector del ladrillo no ha sido parte del problema, pero acaso pueda devenir en parte de la solución. Facilitar la promoción de proyectos inmobiliarios puede servir de acicate para atraer a operadores nacionales e internacionales con interés en invertir en tecnología (pensemos en Barcelona como hub tecnológico), en ubicar empresas proveedoras de servicios financieros en un entorno idóneo y en satisfacer los nuevos hábitos de consumo generados por la pandemia (entre otros aspectos, la logística de proximidad como nueva realidad derivada de nuestros hábitos de compra) y, de este modo, crear empleo y valor.

¿Por qué debería Barcelona renunciar a gozar de un entorno normativo favorecedor de la inversión inmobiliaria?   

Del mismo modo que en un pasado no lejano Barcelona ha alumbrado fórmulas creativas de éxito que han sido traspuestas a otras capitales españolas, nuestras Administraciones autonómica y local no deberían ahora tener empacho en inspirarse en fórmulas que están empezando a implementarse en otras capitales europeas con las que —no nos engañemos— competimos en un mercado global de ciudades por atraer inversión y talento, y, de este modo, generar empleo. ¿Por qué debería Barcelona —polo de inversión inmobiliaria de reconocido prestigio vinculado al sector tecnológico— renunciar a gozar de un entorno normativo favorecedor de la inversión como el que en estos momentos está desarrollándose en Madrid o Valencia, o de las tan admiradas prácticas administrativas que repercuten en la eficiencia de la Administración parisina?

Al fin y al cabo, la agilización de los trámites permite una pronta realización de un interés público. Insisto en el planeamiento: las licencias tienen carácter reglado y solo permiten edificar aquello que el plan considera conforme al interés público urbanístico. No se está abogando únicamente, como quizá pudiera pensarse, por ayudar a las empresas del sector inmobiliario: las medidas que se proponen están al servicio de una realización efectiva y rápida del interés general propio de la normativa urbanística, cuya pronta realización, además, ayudará en este caso a salir de la crisis y nos permitirán seguir presentes, como ciudad, en el circuito de la inversión internacional, lo que debería propiciar que el sector inmobiliario fuera uno de los grandes generadores de empleo.

Por otra parte, convendría que nuestras Administraciones extremaran la cautela al adoptar medidas de moratoria o suspensión de la tramitación del planeamiento o licencias (como las que actualmente afectan al distrito 22@, que debería seguir siendo motor de innovación y crecimiento del empleo en las actuales circunstancias) y que cualesquiera cambios de usos, sin duda siempre bien intencionados desde la Administración pública, se realizaran en consulta con los grupos políticos y agentes sociales y sin afectar negativamente al valor del suelo, dado que la seguridad jurídica es siempre un bien valioso para generar confianza entre los inversores.

El sector privado, por su parte, debería estar a la altura de las circunstancias para ser capaz de actuar con flexibilidad en el escenario actual y de competir a nivel global por ofrecer los mejores servicios. Solo el diálogo constante, el consenso, el acuerdo, el compromiso y la colaboración fructífera y leal entre los agentes públicos y privados, pretendidos por el denominado 'Pacte per Barcelona', permitirán facilitar el acceso a la tan demandada vivienda asequible y reducir al máximo el impacto económico y social de la pandemia para ciudadanos y empresas, fomentar la recuperación económica y el dinamismo tradicional de Barcelona y, en definitiva, poner la ciudad en pie para caminar con firmeza y sin complejos para ganar el futuro.