24 sep 2020

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La suspensión del tercer grado

Oriol Junqueras saluda a vecinos de Sant Vicenç dels Horts, el viernes, tras salir de la cárcel.

EFE / QUIQUE GARCÍA

Ni demócratas ni dialogantes

Joaquim Coll

Echamos en falta que hagan autocrítica, pidan de una vez perdón por el mal que infligieron y que en lugar de amenazar con volverlo a hacer se comprometan a no saltarse el marco democrático

La suspensión preventiva del tercer grado a los condenados por el 'procés' (excepto a Dolors Bassa y Carme Forcadell por una interpretación diferente del juez sobre las medidas cautelares), ha suscitado no solo la crítica del independentismo, que la ha calificado de “acto de venganza de un Estado parajudicial”, sino también la queja de sectores de izquierdas que siguen mostrándose comprensivos con la actitud de unos políticos condenados, no por sus ideas, sino por los delitos que cometieron en 2017. La reacción más relevante por su condición de vicepresidente del Gobierno ha sido la de Pablo Iglesias. El líder de Podemos ha lamentado en twitter la decisión y, aunque no ha querido valorarla judicialmente, considera que es “una mala noticia para los que defendemos el diálogo”. Añade también que no duda del compromiso de los presos “con la democracia y el diálogo”. Lo sencillo sería darle la razón atendiendo al repetido argumento del diálogo, per hay dos objeciones que lo impiden. 

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La primera es que “para “afrontar el conflicto político en el marco legal vigente”, como aclara Iglesias en su tuit, es imprescindible respetar la separación de poderes y no condicionar el diálogo a las consecuencias de una condena en firme dictada por un tribunal de justicia. Los presos independentistas tienen derecho a todos los beneficios penitenciarios y a obtenerlos lo más pronto posible. Sin embargo, hay razones fundadas para creer que han recibido un trato de favor por parte de la Generalitat, que tiene transferidas las competencias en esta materia. Recientemente, el Tribunal Supremo sentenció como “injustificable” la aplicación del artículo 100.2 para Forcadell, pues entre otras razones aún no ha cumplido la cuarta parte de la condena. El conjunto de argumentos que contiene dicha resolución hace prever que el tercer grado les será revocado cuando que se dirima el recurso de la fiscalía. Es ingenuo creer que la propuesta de las juntas de tratamiento de las cárceles catalanas de concederles la semilibertad fue estrictamente técnica, ya que es insólita la rapidez con la que han accedido a ese régimen pese a que tienen penas de entre 9 y 13 años. 

Cuando en octubre pasado se conoció la sentencia, el independentismo denunció que se les condenaba a una especie de cadena perpetua, “a 100 años de prisión”, sumando todas las penas. En realidad, el tribunal presidido por Manuel Marchena no aceptó la petición de la fiscalía de que tuvieran que cumplir la mitad de la pena para acceder al tercer grado, requisito habitual para condenas superiores a cinco años y norma tácita aceptada por los jueces de vigilancia. Por ejemplo, a Iñaki Urdangarin, condenado a 5 años y 10 meses, le fue denegado recientemente el tercer grado. Por tanto, es difícil que el Supremo, quien tiene la última palabra sobre el cumplimiento y progresión de las penas, vaya a transigir con una excarcelación tan veloz atendiendo igualmente al criterio de “la gravedad de los hechos probados y a su efecto demoledor para la convivencia democrática”. 

La solución no es que cumplan muchos años de cárcel pero parece arbitrario que se les conceda tan pronto beneficios penitenciarios

La segunda objeción respecto a todos los que lamentan que los líderes condenados no estén ya en libertad es que, contra lo que opina Iglesias, su compromiso con la democracia y el diálogo es muy cuestionable. No hay que olvidar que lo que hicieron en 2017 no solo fue ilegal sino profundamente ilegítimo. Desde el Govern y el Parlament quisieron abolir la Constitución, el Estatuto y pretendieron imponer una secesión unilateral. Es cierto que había mucho de farol e incoherencias en todo lo que hicieron, pero abusaron de su poder y pusieron a la sociedad catalana al límite de la tensión. No se comportaron como demócratas ni políticos dialogantes, sino que despreciaron a la oposición, que reunía más apoyos populares que ellos. 

La solución no es que cumplan muchos años de cárcel porque eso no va a solucionar el problema, pero parece arbitrario que se les conceda tan pronto beneficios penitenciarios inimaginables para otros presos. No obstante, para muchos catalanes que no sentimos ni alegría ni pena por su situación, lo que echamos en falta de verdad es que hagan autocrítica, pidan de una vez perdón por el mal que infligieron y que en lugar de amenazar con volverlo a hacer se comprometan a no saltarse el marco democrático. Aunque Oriol Junqueras y los líderes de ERC parecen por ahora haber renunciado a la unilateralidad, públicamente su discurso sobre lo que ocurrió en 2017 es el mismo de JxCat. Es difícil creer que sean demócratas y dialogantes mientras sigan ignorando al resto de los catalanes y especulando con un nuevo referéndum ilegal.