EDITORIAL

El despropósito de la ley del alquiler

Los enfrentamientos entre JxCat y ERC están sumiendo en la parálisis la acción del Govern, incluso en materias de urgencia social

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Una mujer pasa por delante del escaparate de una inmobiliaria de Barcelona, el pasado 1 de julio.

Una mujer pasa por delante del escaparate de una inmobiliaria de Barcelona, el pasado 1 de julio. / ELISENDA PONS

El pasado julio, los partidos que forman el Govern de la Generalitat, los Comuns y la CUP registraron en el Parlament una propuesta de ley que se planteaba como objetivo contener los precios de los alquileres. Elaborada desde la Conselleria de Justícia (ERC) en contacto con la de Territori (JxCat) y redactada en colaboración con entidades sociales, la iniciativa parecía un raro caso de consenso para el que se preveía, en cualquier caso, una oposición por parte del PP y Cs, dispuestos a llevar esta regulación a los tribunales.

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El problema del encarecimiento de la vivienda es uno de aquellos en los que este tipo de acuerdos transversales no debería ser una excepción, sino la norma. Incluso cuando, compartiendo el diagnóstico, pueda haber razonables discrepancias sobre las medidas a tomar. Confiar en la limitación por ley de los precios máximos de renta en las zonas del territorio más "tensionadas" quizá no tenga ni el efecto instantáneo sobre el mercado que se desearía (el Gobierno central ha optado, en un primer momento, por centrar sus esfuerzos en facilitar la oferta de alquiler social) ni quizá tampoco las consecuencias desastrosas, en forma de contracción de la oferta, que sus mayores objetores plantean. Sobre todo en una situación del mercado inmobiliario que poco tiene que ver con la que estaba sobre la mesa cuando se empezó a negociar la norma: con un trasvase de la oferta de  alquiler turístico al residencial, en la que difícilmente los precios deberían seguir la insostenible tónica de los últimos años, pero también con el horizonte de decenas de miles de familias incapaces de poder hacer frente a sus necesidades de vivienda.

Pero ni siquiera un intento de dar solución a este problema ha podido sobrevivir a las tensiones internas del Govern, con JxCat proponiendo enmiendas que pueden impedir que la tramitación finalice en esta legislatura y desentendiéndose de la gestación del proyecto, que había recibido el plácet de Quim Torra, mientras ERC acusa a la JxCat de romper el acuerdo y mostrar su verdadero espíritu, lejos de postulados de izquierdas. Un despropósito que hace evidente de nuevo la necesidad de ir a las urnas para resolver, en un sentido u otro, una insostenible situación de parálisis.