UN BLINDAJE EXCESIVO

La Monarquía, en crisis

Para garantizar su supervivencia, conviene que las leyes acoten la inviolabilidad solo a lo que se derive de la acción institucional del Rey

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Felipe VI y Juan Carlos I, en la celebración de la Pascua Militar en el Palacio Real en el 2018. 

Felipe VI y Juan Carlos I, en la celebración de la Pascua Militar en el Palacio Real en el 2018.  / EFE / JUANJO MARTÍN

Las buenas intenciones no garantizan buenos resultados. Parece demostrarlo el comunicado por el que conocimos la decisión de Juan Carlos I. El anterior jefe del Estado explica que se traslada a vivir fuera de España para "facilitar" a su hijo el ejercicio de sus funciones. El propósito es encomiable porque busca ahorrar a Felipe VI la irradiación del desprestigio que el comportamiento del rey emérito ha generado. Sin embargo, creo que el contenido de la comunicación ha sido erróneo y el momento escasamente oportuno.

Pasemos por alto el formalismo de la nota escrita, que a mi juicio era la solemnidad requerida por el rango de los protagonistas y la dimensión histórica de la decisión. Sin embargo, su contenido muestra escasa inteligencia emocional. Se refiere al legado de su reinado, que a mi juicio es positivo, y al servicio a los españoles. Pero olvida el afecto que mereció para muchos de ellos, que vieron en Juan Carlos la representación de la España democrática y una figura simpática y popular. La ignorancia de esa conexión sentimental deja al desnudo una altiva frialdad, que no ayuda a popularizar una monarquía en el siglo XXI. Al menos una como la nuestra, que tiene mala aceptación en las encuestas que conocemos. Y, peor aún, en el comunicado no se menciona la disposición de Juan Carlos I a colaborar con la justicia. Sus abogados lo han dicho, pero él no. Ese silencio induce a creer que Juan Carlos I no tiene en cuenta que carece de inviolabilidad, y que, salvo su aforamiento ante el Tribunal Supremo, es un ciudadano que debe responder ante los jueces si así se le exige. También le ha faltado sentido de la oportunidad. No se han cerrado las investigaciones que le afectan, en Suiza y en España, y su marcha ahora es interpretada por algunos como una huida. Si pretendía mejorar la imagen de la Monarquía, no lo ha conseguido.

Reducir los privilegios

En la noche del 4 al 5 de agosto de 1789, la Asamblea Nacional constituyente francesa aprobó la abolición de los privilegios feudales. Lo hizo tras una propuesta del vizconde de Noailles, y desde la tribuna de oradores fue apoyado por otros aristócratas ilustrados. Desde entonces, la idea de igualdad impulsada por la Revolución francesa hace difícil soportar cualquier privilegio. Más aún cuando resulta beneficiado alguien que no debe su cargo a la elección o al mérito, sino a estar en el lugar adecuado de la línea sucesoria. Por eso, me parece que los que deseen la supervivencia de la Monarquía deben tratar de reducir sus privilegios a lo que resulte indispensable para el desempeño de sus funciones.

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Eso es especialmente importante en lo que se refiere a la inviolabilidad del Rey. El texto constitucional dice (artículo 56.3)"La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad". Se hubiera debido interpretar de forma restrictiva, para habilitar al legislador a una protección especial de su figura y a impedir la exigencia de responsabilidad por los actos que como jefe del Estado está obligado a realizar. Sin embargo, se le ha dado un alcance en el que parece exento de responder por sus actos privados, y el Tribunal Constitucional ha llegado a decir que la inviolabilidad "preserva al Rey de cualquier tipo de censura o control de sus actos" (STC 98/2019, fundamento jurídico 3.c). Ese tipo de interpretaciones tiene un coste para la reputación de la institución porque significa que la inviolabilidad del Rey impide el ejercicio de la libertad de expresión, si es crítica hacia su figura, o impide la tutela judicial de quienes se sientan perjudicados en sus derechos por la conducta del monarca.

Algunos creímos, durante mucho tiempo, que eran injustificados los temores de penalistas como Enrique Gimbernat, que planteaba la hipótesis de un "rey delincuente". Pensábamos que la Monarquía, precisamente por carecer de legitimidad democrática, se esmeraría en la conducta de sus representantes, conscientes de que cualquier desliz redundaría en la erosión de la institución. Nos equivocamos: pecamos de ingenuidad. Si desde el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial se da esa interpretación a la inviolabilidad, quien sea titular de la Corona puede acabar pensando que se encuentra más allá de la ley y de los valores de una sociedad democrática. Ahora parece impensable, pero también lo parecía hace 40 años. Conviene, pues, que las leyes acoten la inviolabilidad solo a lo que se derive de la acción institucional del Monarca. Para el resto y para todos, la igualdad ante la ley y el acceso a la tutela judicial. El blindaje excesivo puede asfixiar a la Monarquía.