20 sep 2020

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Análisis

El rey Felipe VI, la semana pasada, durante la presentación de la campaña ’Spain for Sure’.

La restauración de Felipe VI

Antón Losada

Si las instituciones no saben cumplir sus compromisos, se tornan inútiles y mueren

Toda la gestión de la crisis provocada por las cuentas suizas de Juan Carlos I, unidas a la aparición del nombre de Felipe VI en las fundaciones asociadas, responde al convencimiento de que el objetivo debe ser proteger la figura legitima y ejemplar de actual monarca frente la toxicidad de la herencia paterna. Puede que así sea. Pero los hechos no apuntan precisamente en esa dirección. En un país donde declararse juancarlista, no monárquico, se convirtió en tópico, la principal fuente de legitimidad de Felipe VI, le guste o no, ha sido y continúa siendo el reinado de su padre. Degradar su figura degrada inevitablemente su propia legitimidad; y Felipe VI ya es un rey con demasiados territorios en su reino dónde ir le supone un problema.

Más que tácticas de control de daños, lo que la monarquía necesita se parece a una verdadera estrategia de restauración. Cuando ya han saltado tres cortafuegos -la abdicación, la retirada de la vida pública o la asignación y la renuncia a la herencia-, el problema ya no es el fuego sino la manera de intentar apagarlo. Alardear de transparencia cuando la Casa Real espera al día siguiente a la declaración del Estado de  Alarma, o al inicio de la vacaciones de verano, para hacer historia y ahorrarse las explicaciones mínimas en democracia, solo puede tomarse como una ironía. Que el presidente Sánchez compare, imprudentemente, los casos de corrupción en el sistema de partidos, que todos podemos juzgar con nuestro voto, y los de una monarquía que nadie puede votar, solo anuncia más infortunio.

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Las instituciones deben proveer equilibrio, reglas y certidumbres; no números de cuenta y comisiones. Si no saben cumplir sus compromisos, se tornan inútiles y mueren. Prevalecen mientras resultan útiles y su utilidad se mide por su capacidad para producir estabilidad y certidumbre. La monarquía española se ha convertido hoy en una fuente de desequilibrio institucional. Lo continuará siendo si no se afronten las causas. Mientras haya dinero negro circulando por cuentas reales y no se demuestre que un cordón sanitario inquebrantable lo ha separado y separa de Felipe VI, la Casa Real seguirá generando inestabilidad e inseguridad. No importan los kilómetros y océanos puestos de por medio.

El capital sospechoso debe ser regularizado y fiscalizado, su padre debe expiar sus errores y pecados ante los mismos ciudadanos que le dieron su confianza y Felipe VI ha de explicar, en persona y con su propia voz, cuál ha sido o es su papel en esta vergüenza. Mientras no se haga, los cortafuegos irán cayendo inexorablemente uno tras otro; hasta que no quede alguien a quien retirarle la paga. Que Juan Carlos I se vaya de España ni afronta ni resuelve alguna de estas cuestiones. Se trata de una solución ideal para el siglo XIX, cuando las noticias viajaban en diligencia y la gente devoraba folletines. Pero ni esto es un folletín, ni estamos en el siglo XIX. Los ciudadanos ya no tragamos melodramas, pedimos cuentas.