La batalla por la democracia en la UE

Para no malograr el compromiso sobre el fondo de recuperación, la defensa de la democracia dentro de la Unión Europea (UE) quedó relegada a unas frases suficientemente ambiguas entre las 67 páginas de las conclusiones de la pasada cumbre maratoniana para sortear el veto de Hungría y Polonia y disimular la claudicación de la mayoría. El Consejo Europeo afirma que "se protegerán los intereses financieros de la UE", conforme a los principios democráticos del artículo 2 del Tratado de la UE, y que, dada "la importancia de respetar el Estado de Derecho",  "se establecerá un régimen de condicionalidad" para proteger el fondo de recuperación y el presupuesto comunitario. "En este contexto, la Comisión Europea propondrá, en el caso de incumplimiento, medidas que adoptará el Consejo de la UE por mayoría cualificada" (puntos 22 y 23).

Los líderes de Hungría y Polonia reivindican haber eliminado así el riesgo de verse privados de las ayudas por sus decisiones autoritarias. El Parlamento Europeo comparte esa visión y denunció en su resolución del 23 de julio que el compromiso de la cumbre había "debilitado significativamente" los esfuerzos para defender la democracia dentro de la UE. Los expedientes abiertos contra Polonia y Hungría por violar la democracia y los derechos fundamentales (artículo 7 del Tratado de la UE), languidecen desde hace más de un año en el Consejo de la UE.

Un eufemismo

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró a los eurodiputados que mantendrá la propuesta del 2018, encallada en el Consejo de Ministros de la UE, que vinculaba la recepción de fondos europeos al respeto del Estado de Derecho. La propuesta confería el poder a la Comisión Europea de proponer sanciones económicas a los países que no respetaran los principios democráticos, que solo podrían bloquearse con una mayoría cualificada de países en contra en el Consejo de la UE. Von der Leyen prometió trabajar para que esa propuesta pueda ser aprobada "y, si fuera necesario, mejorada". Esto último fue interpretado por muchos eurodiputados como un eufemismo para encubrir el pacto para diluir el proyecto.

El presidente de la UE, Charles Michel, reconoció ante el Parlamento Europeo que el Consejo de la UE fijará la orientación política sobre cómo se concreta la condicionalidad de los fondos europeos. El embajador alemán ante la UE, Michael Clauss, anunció el 22 de julio al resto de representantes de los Veintisiete que la propuesta de la Comisión Europea "será adaptada a las conclusiones de la cumbre". Esto significa que la suspensión de las ayudas europeas por violación de los principios democráticos deberán aprobarse por mayoría cualificada, con lo que Hungría y Polonia tendrán más fácil sumar una minoría de bloqueo para librarse de la sanción, gracias a los otros países del Este reacios a una tutela de la UE. Con la propuesta inicial de la Comisión Europea del 2018 no podrían evitarlas, porque les resultaría casi imposible lograr una mayoría cualificada para bloquearlas.        

Bajo los diez años de gobierno del primer ministro, Viktor Orban del Partido Popular Europeo (PPE), Hungría ha dejado de ser un democracia, incluso "iliberal", y se ha convertido en un régimen autoritario con elecciones, como señala el historiador británico Timothy Garton Ash. Polonia, desde el 2015 bajo el gobierno del partido ultraderechista Ley y Justicia (PiS), sigue los pasos de Hungría, pero con menos intensidad, porque no ha logrado la mayoría suficiente, como Orban, para cambiar la Constitución a su medida.

Orban ha utilizado los fondos europeos para consolidar un férreo control sobre la sociedad civil húngara y financiar una red clientelar de empresarios a través de contratos de obras y subvenciones. El PiS también usa los fondos europeos para afianzar su control político en Polonia y con una generosa política de ayuda a las familias y los pensionistas se asegura el respaldo electoral de amplios sectores que habían quedado abandonados por la política neoliberal del precedente Gobierno de Plataforma Cívica. El PiS aspira a controlar la comisión electoral y modificar las reglas electorales para afianzarse en el poder, como hizo Orban en Hungría. Tras la cumbre, el último gran medio de comunicación crítico de Hungría, la web de noticias <em>Index</em>, despidió a su director, Szabolcs Dull, después de que un empresario próximo a Orban se convirtiera en accionista. Y el PiS prosigue su control de la Justicia y acosa a la prensa crítica con un alud de demandas judiciales.

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