Protección social y coronavirus

Hay una evidencia trágica. Una gran cantidad de fallecimientos a causa del covid-19 se han producido estos meses en geriátricos y residencias de ancianos. En Catalunya se calcula que han sido una de cada tres muertes y, en España, aunque las cifras no son oficiales hablamos de más de 27.000 personas. La Fiscalía ha abierto más de 200 investigaciones (unas 40 de ellas en Catalunya) en torno a estos centros para mayores. La situación en las residencias ha generado también un fuerte debate político, con cambios en la gestión de la crisis, en Madrid y en Catalunya, y con una leve asunción de responsabilidades, como la que admitió el ‘conseller’ de Afers Socials cuando reconoció que debían haberse restringido una semana antes las visitas a los centros. Ha habido desprotección, falta de recursos y de material de protección, de conocimiento estricto sobre la evolución de la pandemia y de los preceptivos aislamientos. Y también, en el aspecto ético, la tristeza enorme de la muerte en soledad, tanto para quienes la sufrieron como para los familiares que se encontraron inermes ante la desgracia. Pero también ha habido, y es justo reconocerlo, actuaciones ejemplares: trabajadores que se aislaron solidariamente con los mayores para intentar evitar al máximo los peligros.

Los ancianos –el grupo de riesgo más evidente– han sido el sector social más perjudicado. Y aun ahora, las nuevas restricciones de salidas o entradas de las residencias en los territorios afectados por rebrotes, rememoran los días aciagos que vivimos.

Además, se producen efectos colaterales. A finales de febrero, unas 100.000 personas en Catalunya esperaban ayudas públicas para la dependencia que padecían o estaban a la expectativa de la valoración por parte de Afers Socials. Este engranaje, que ya funcionaba con exasperante lentitud, se ha detenido prácticamente en seco. En el entretiempo, casi 9.000 ciudadanos han llegado tarde a esas ayudas. Si añadimos que residencias que tienen camas libres no pueden atender a los solicitantes por la situación excepcional y que, por otra parte, también se han cerrado los centros de día, asistimos a muchas situaciones límite. Sin la ayuda profesional que ofrecen estos lugares, el cuidado de las personas dependientes recae íntegramente en sus familiares, aumentando la carga de estrés físico y emocional que deben soportar en unas circunstancias ya de por sí delicadas.

La sensación de desamparo no solo se da entre las personas mayores, sino también en las que padecen discapacidad intelectual o con enfermedades como el alzhéimer, faltas de la atención necesaria o sin poder acceder a prestaciones que mejorarían su calidad de vida y la de los cuidadores. La crisis sanitaria ha dejado al descubierto las carencias del sistema de dependencia, y estas se agravarán a menos que se actúe con rapidez. Aprender de la trágica lección de estos meses es también acelerar en la medida de lo posible los mecanismos para solucionar esta problemática. Con más dotaciones –coyunturales y estructurales– y con un acento muy especial en la población más frágil, más desprotegida.