El momento de la vivienda social

La llamada reconstrucción cabe entenderla como la recomposición de los destrozos del covid-19 para retornar a las circunstancias de hace unos meses, pero, también, como la oportunidad para afrontar cuestiones pendientes que venimos arrastrando desde hace muchos años. Así ha sido con el ingreso mínimo vital, que responde a una necesidad social que ya habían abordado la mayoría de los países europeos. Solventada esta carencia de nuestro modelo de protección social, España sigue presentando algunas debilidades, entre ellas el acceso a la vivienda.

Una cuestión que, ahora, deberíamos priorizar, empezando por entender que la falta de una política de vivienda social constituye una gran carencia desde hace décadas. Un período en que el sector inmobiliario, entregado a las reglas del libre mercado, ha transitado de la euforia a la depresión sin paradas intermedias, y sin ofrecer alternativa alguna a los más desfavorecidos. Una responsabilidad que recae sobre los poderes públicos, que se han mostrado incapaces de diseñar políticas que favoreciesen el acceso a un bien de primera necesidad como es la vivienda. Un desastre para millones de familias,que no hará más que agravarse atendiendo al contexto económico que se nos viene encima.

En estas circunstancias, el sector público debe asumir el liderazgo en la promoción de vivienda social. Todas las medidas orientadas a, por ejemplo, controlar los precios de alquiler o regular el mercado, están condenadas al fracaso o a un papel meramente residual. Sólo la administración puede crear suelo y, también, actuar como promotor y arrendatario, sin descartar, en su caso, la colaboración público-privada.

Por ello, ahora que los poderes públicos, por la vía de la financiación o la ayuda directa, se convierten en eje de la reactivación económica, deberían acometer una política, ambiciosa y estable, de vivienda a precios asequibles. A su vez, la construcción constituye un gran dinamizador de la actividad económica, pues pocos sectores son tan generadores de empleo, ya sea directamente o a través del tupido tejido de proveedores que requiere una vivienda.

Finalmente, uno de los problemas que, tradicionalmente, venimos padeciendo es la escasa colaboración entre partidos, o entre los diversos niveles de la administración, sin la cual resulta inviable una política consistente de vivienda. El contexto actual debería favorecer un amplio acuerdo entre los principales partidos, como ha sucedido con el ingreso mínimo vital, y, a su vez, entre estado, comunidades autónomas y municipios.

Si somos capaces de abordar el drama de la vivienda, nuestras políticas sociales, quedarían bastante equilibradas, con la excepción de aquellas orientadas a los menores, donde el retraso con otros países europeos aún es notable. Además, pueden resultar los más perjudicados por el covid-19 y la probable fractura educativa hacia la que nos encaminamos. En cualquier caso, facilitar a las familias el acceso a la vivienda es, también, pensar en nuestros menores.