Opinión | Editorial

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Excesos que llevan a excesos

Roger Torrent debería presentar una denuncia para que se abra una investigación sobre el alcance y la autoría de las escuchas, y no lanzar una teoría conspiratoria

El presidente del Parlament, Roger Torrent.

El presidente del Parlament, Roger Torrent. / periodico

El 'president' del Parlament, Roger Torrent, ha sido víctima, junto a otros diputados y cargos de la Generalitat, de un ciberataque con un programa de hackeo denominado Pegasus, que la empresa israelí NSO solo comercializa para gobiernos y organismos oficiales. A través de la aplicación de WhatsApp se infiltraron en sus teléfonos móviles e intentaron, y en algunos casos consiguieron, controlar el contenido de sus comunicaciones. El hecho es igualmente grave sea quien sea el autor de esos hechos porque significan una violación de derechos fundamentales.

Cualquier demócrata debe solidarizarse con los afectados, especialmente en el caso de Torrent como máximo representante de una cámara de electos, y reclamar que se investiguen los hechos, de los que hasta ahora tenemos un conocimiento meramente periodístico gracias a lo que han publicado 'El País' y 'The Guardian'. Y el primero que debería estar interesado en ello es el propio president del Parlament que, como ha insinuado, debería presentar la correpondiente denuncia para que se abra de inmediato una investigación judicial sobre el alcance y la autoría de las escuchas.

Lo que es más discutible es las conclusiones que el mismo Torrent, su partido y una parte del independentismo han sacado de lo que sabemos hasta ahora. Cierto que Pegasus es un programa que se vende solo a los estados y cierto es también que en España existen antecedentes de este tipo de prácticas no por la policía como institución sino por algunos de sus miembros, como los autocalificados como policía patriótica, entre otros casos. Pero los antecedentes sirven para fundamentar sospechas, nunca acusaciones. Estarían los afectados en su derechos de acudir al juzgado y exigir que se investigue a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Ese es el camino, no el de lanzar una teoría conspiratoria que puede llegar a ser cierta pero que, por ahora, no tiene base. Cuando el independentismo hace este tipo de maniobras pierde la base social que podía tener como movimiento de regeneración democrática y se instala en hacer lo mismo pero al revés. Los atajos casi siempre son caminos a ninguna parte.