15 ago 2020

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EDITORIAL

Descentralización y salud pública

El confinamiento del Segrià plantea la necesidad de una base jurídico-legal que ampare las decisiones, y no un problema de competencias

Tiendas y bares cerrados en Lleida, este lunes 13 de junio, día en que debía comenzar el nuevo confinamiento.

Tiendas y bares cerrados en Lleida, este lunes 13 de junio, día en que debía comenzar el nuevo confinamiento. / JORDI V. POU

Uno de los peores escenarios ante el que pueden hallarse los ciudadanos en esta época de incertidumbres es la indefinición creada a partir de conflictos jurídico-políticos. Y es justo lo que está pasando en Lleida y en la comarca del Segrià. La medida extrema del confinamiento domiciliario implantada por una orden del Govern ha sido recurrida por la fiscalía y una jueza ha decretado que no tenía validez por cuanto excedía las competencias autonómicas y precisaba de la garantía del Congreso, como ocurrió con el estado de alarma general. La respuesta de la Generalitat, más allá de invocar un llamamiento genérico a la responsabilidad ciudadana, ha sido convertir la resolución, que requería de autorización judicial administrativa, en un decreto ley que solo puede recurrirse ante el Constitucional.

Restringir el movimiento y la circulación de los ciudadanos es un asunto muy delicado, que afecta a los derechos fundamentales y, en consecuencia, pone sobre la mesa qué atributos tiene el Gobierno autónomo para tomar una decisión de este calibre. En Lleida y en las poblaciones circundantes del Baix Segre, los hechos avalan la medida, recomendada además por los especialistas. Si el Estado asumió en su día la responsabilidad centralizada de la lucha contra la pandemia, con la llegada de la nueva normalidad la gestión corresponde a las autoridades autonómicas, que deben poder tener la tranquilidad jurídica necesaria para tomar decisiones de orden sanitario, aunque sean radicales.

Estamos, sin embargo, ante un problema inesperada que pone en vilo a la salud y que genera incomprensión entre la población y entre los alcaldes afectados, como ya han manifestado seis ediles del Baix Segrià. No debería caerse en el error de convertir el debate en un choque de competencias, puesto que la descentralización es eficaz, siempre que se tenga a mano una arquitectura jurídico-legal que ampare la acción de las autonomías.

El Estado ha asumido la cogobernanza y considera que la Generalitat tiene suficientes instrumentos jurídicos para implantar estas medidas. Pero, en estos momentos, fiscalía y judicatura opinan lo contrario. El Gobierno contempla la gestión descentralizada como la mejor opción y descarta por ahora un estado de alarma parcial, mientras que, en Catalunya, la apuesta por el plan de rebrotes anunciado por Quim Torra intenta ser un escudo jurídico por la vía del decreto ley que acelere la contención del virus.  

Los ciudadanos tienen el derecho a saber a qué atenerse. Disputas legales o discusiones técnicas no pueden incrementar más aún una sensación de desprotección que no solo afecta a la salud comunitaria sino también a la evolución de la economía. Ante el conflicto sobre la idoneidad competencial de la Generalitat no puede cargarse sobre las espaldas de los vecinos la responsabilidad individual de hacer frente a la crisis en Lleida o en cualquier otra región. Antes que trifulcas o actitudes maximalistas que solo consiguen retardar soluciones urgentes, se precisa concreción, eficiencia, seguridad y colaboración entre administraciones.