21 oct 2020

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Las fuerzas rebeldes, apoyadas por Ankara, logran retomar la estratégica localidad de Saraqeb, en la provincia siria de Idlib, este jueves. Pocas horas después, en la misma zona, al menos tres decenas de soldados turcos han muerto en un bombardeo aéreo atribuido a la aviación rusa o a la de su aliado, el régimen de Bashar el Asad.

Ap / Ghaith Alsayed

Siria y el 'Acta Caesar'

Ignacio Álvarez-Ossorio

Cuando parecía que lo peor ya había pasado, Bashar al Asad vuelve a estar en el ojo del huracán. Aunque la situación sobre el terreno le es claramente favorable, la aprobación del Acta Caesar por la Administración Trump representa un contratiempo inesperado y aumenta significativamente la presión sobre el país árabe. Tras nueve años de devastadora guerra, el régimen sirio atraviesa una situación extremadamente delicada debido a su completa dependencia de Rusia e Irán, que controlan buena parte del territorio, y a la aguda crisis económica, que amenaza con lograr lo que no consiguió el levantamiento popular. En el curso de la guerra han muerto, al menos, 500.000 personas y once millones, la mitad de la población, se han visto obligadas a abandonar sus hogares convirtiéndose la mitad de ellos en refugiados en los países del entorno y, en menor medida, el continente europeo.

El Acta Caesar para la Protección de Civiles en Siria, que ha entrado recientemente en vigor, se inscribe en la estrategia de máxima presión que aplica el presidente Donald Trump a quienes considera sus enemigos en Oriente Próximo: Irán, el régimen sirio y las milicias chiís de Hezbolá. A todos ellos, la Casa Blanca les ha impuesto sanciones para tratar de asfixiarles económicamente y aislarles internacionalmente.

La mencionada Acta Caesar no sólo persigue al entorno más cercano de al Asad (incluida su propia esposa Asmaa, que dirige la asociación caritativa Syria Trust for Development a través de la cual se canaliza buena parte de la ayuda humanitaria que recibe el país), sino también a algunos destacados hombres de negocios y señores de la guerra que se han enriquecido obscenamente durante los años de conflicto. A partir de ahora, cualquier persona o entidad que realice negocios con el Gobierno, el Ejército sirio o algunas personas de su círculo inmediato afrontarán duras sanciones por parte de EEUU.

Medida unilateral

Con esta medida unilateral, EEUU pretende castigar a todos aquellos que presten ayuda militar al régimen sirio, inviertan en sus sectores petrolífero o gasístico y se involucren en la reconstrucción del país lo que, al menos en teoría, permitiría perseguir a los aliados directos de al Asad, entre los que se encuentran Rusia e Irán.

Al mismo tiempo es un claro mensaje para aquellos países que han dado los primeros pasos para normalizar sus relaciones con el régimen, entre ellos los Emiratos Árabes Unidos o Bahréin. La nueva ley pretende mandar una nítida señal para quienes intentan posicionarse en el proceso de reconstrucción del país árabe, devastado tras casi una década de guerra, incluida China que, de manera discreta, no deja de ganar posiciones en Oriente Próximo. Se estima que el coste de la reconstrucción podría superar los 400.000 millones de dólares, lo que generaría excelentes oportunidades de negocios para el entorno del presidente al Asad, que desde su llegada al poder hace ahora veinte años ha promovido el capitalismo de amiguetes del que se ha beneficiado, sobre todo, su entorno familiar.

Trump, al igual que Obama, no está interesado en derribar a Bashar al Asad, sino en alcanzar un modus vivendi que le obligue a respetar unas líneas rojas elementales, entre las que destacan la necesidad de poner fin a la guerra y resolver el problema de los refugiados. De hecho, la ley prevé reducir la presión en el caso de que el presidente sirio se comprometa a poner fin a los bombardeos de civiles, permita el acceso de ayuda humanitaria a las zonas sitiadas, libere a las decenas de miles de presos políticos, autorice el acceso de organizaciones internacionales a las cárceles, garantice un retorno seguro a los refugiados, apueste por un proceso de reconciliación creíble y rinda cuentas por los crímenes de guerra perpetrados en el país desde 2011.

Mientras esto no ocurra, la Administración Trump prevé que la presión se intensifique. Lo más probable es que las sanciones agraven la crisis económica que atenaza a Siria y golpee, con especial crudeza, a la población civil, que es el eslabón más débil de la cadena y que ya se encuentra en una situación límite tras casi una década de guerra. En la actualidad, el 80% de los sirios viven bajo el umbral de la pobreza y carecen de suficientes recursos para costearse productos de primera necesidad. A la rampante inflación ha de sumarse la caída en picado de la lira siria: si en 2011 cada dólar se cambiaba por 50 libras sirias, en la actualidad lo hace por 3.000 libras, lo que dificulta la importación de alimentos y bienes.

Una señal de que la población se haya al límite de su resistencia son las protestas que, en las últimas semanas, se han extendido por los principales feudos del régimen encendiendo todas las luces de alarma. Para tratar de aplacar el malestar popular, al Asad se ha visto obligado a cesar a su primer ministro, Imad Jamis, aunque este gesto difícilmente logrará mejorar la situación.

Por otra parte, Irán ha reducido significativamente su ayuda económica al régimen sirio debido a que se halla inmerso en una aguda crisis tras la imposición de sanciones por parte de EEUU, que han dañado manera especial su principal fuente de ingresos: el petróleo. Rusia, a su vez, empieza a mostrar en público su hartazgo con el presidente sirio por su manifiesta incapacidad para poner fin a la guerra. Pese a todos estos contratiempos, lo más probable es que Bashar al Asad pueda celebrar, el próximo 13 de noviembre, los cincuenta años de dictadura asadista sobre Siria.

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