Desgobierno en Catalunya

El rebrote de la pandemia en la comarca de Lleida con el regreso a un régimen de confinamiento, que por ahora es solo perimetral pero que podría acabar siendo  domiciliario, es muy grave. Es un duro golpe para la moral de sus 210.000 habitantes tanto por el incremento de las hospitalizaciones, los ingresos en ucis y las defunciones, como por sus nefastas consecuencias económicas. Produce también mucha inquietud en el resto de Catalunya porque nos recuerda que contra el covid los triunfos son efímeros si después no se hacen bien las cosas. Y al mismo tiempo genera rabia entre la ciudadanía porque lo sucedido no ha sido un accidente, un imponderable, algo que no podía saberse, sino que era una situación “perfectamente previsible”, como ha explicado con mucha rotundidad Miquel Porta, catedrático de Salud Pública de la UAB. Estamos ante una dejación de responsabilidades por parte del Govern que no ha sido capaz de habilitar un sistema de detección de casos positivos a través de rastreadores sobre el terreno. El resultado es que la transmisión comunitaria del virus en el Segrià está fuera de control, tal como han reconocido tanto la gerente de la región sanitaria, Divina Farreny, como el jefe de epidemiología de la zona, Pere Godoy.

Cada año miles de temporeros se trasladan a las comarcas del poniente catalán para la campaña de recogida de la fruta. Son personas, probablemente la mayoría, en situación irregular, de origen africano/magrebí que se desplazan desde diversos lugares del resto de España atraídos por un jornal. La 'consellera' de Salut, la republicana Alba Vergés, que en RAC-1 reconoció que ignoraba la complejidad de esa problemática, dejó el asunto en manos de la atención primaria, que en este caso no sirve para detectar y seguir casos positivos porque la mayoría de esos braceros no disponen de tarjeta sanitaria ni de CAP de referencia.

La situación de los temporeros

La presencia de temporeros en Lleida se sucede desde hace décadas sin que la Generalitat, que dispone de competencias plenas en agricultura, sanidad, inspección de trabajo, servicios sociales y policía, haya sido capaz de hacer nada para cortar la lamentable situación de semiesclavitud laboral que sufren y su hacinamiento en alojamientos sin higiene cuando no directamente en la calle. Las condiciones infames de estos trabajadores han sido largamente denunciadas por entidades sociales y sindicatos, pero en Catalunya la disonancia entre lo que se proclama, el objetivo de progreso por el que se dice trabajar, y lo que realmente se hace es muy llamativa. Así, por ejemplo, todos esos políticos soberanistas que se han manifestado a favor de poder acoger a más refugiados, criticando las restricciones que impone el Gobierno español, son incapaces de abordar problemáticas domésticas como la de los temporeros o la atención de los menores inmigrantes no acompañados.

A lo largo de estos meses desde que estalló la pandemia en España y se impuso el estado de alarma, el Govern de JxCat y ERC no ha hecho otra cosa que reclamar que sus competencias dejaran de someterse a la coordinación del Ministerio de Sanidad y sus criticas han sido constantes a lo que desde el Gobierno de Pedro Sánchez se hacía o dejaba de hacerse. Todo les parecía mal, llegaba tarde o era insuficiente. Y desde su indisimulado supremacismo no tenían empacho en afirmar que ellos lo harían mejor y que en una Catalunya independiente habría menos muertos por el virus.

El brote en la comarca de Lleida ha evidenciado las carencias y la descoordinación del sistema de rastreo, con una Agencia de Salud Pública sin efectivos y descabezada desde que hace un mes dimitió su anterior responsable, Joan Guix. Se  ha recurrido a la contratación de una empresa privada, Ferrovial, para atender el centro de llamadas, mientras ha fallado estrepitosamente la detección sobre el terreno de los casos. Ha evidenciado también que la 'consellera' Vergés no es capaz de liderar la lucha contra la pandemia y que las peleas entre los dos socios del Govern están perjudicando esa decisiva tarea, lo cual explica innumerables contradicciones, el retraso en ordenar el confinamiento del Segrià y los vaivenes sobre su alcance. Urge, pues, que Quim Torra designe a un 'conseller' que realmente coordine todas las acciones de la Generalitat y que ejerza el mismo papel de mando que el ministro Salvador Illa realizó durante el estado de alarma. Pero el desgobierno en Catalunya se disimula ahora con la decisión exagerada de hacer obligatorio el uso de la mascarilla siempre y en todas partes. Es una cortina de humo para esconder su incompetencia, trasladando toda la responsabilidad a la ciudadanía.

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