Opinión | Editorial

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Acuerdo social, desacuerdo político

Casado no ha seguido el ejemplo de consenso de patronal y sindicatos y sus palabras moderadas no se han traducido en hechos

Pedro Sánchez, con los líderes sindicales y empresariales en la Moncloa

Pedro Sánchez, con los líderes sindicales y empresariales en la Moncloa / periodico

El día empezó este viernes con la escenificación del acuerdo entre Gobierno, organizaciones empresariales y sindicatos sobre las bases generales que deberían facilitar la conservación de todo el empleo que se pueda salvar de la crisis que estamos empezando a transitar y la reactivación de la economía. Acababa, en cambio, con la aprobación en el Congreso de las conclusiones de la comisión de reconstrucción con una mera abstención del PP en los capítulos sanitario y europeo y el voto negativo del principal partido de la oposición a las propuestas de medidas en las áreas social y económica.

Es llamativo que hayan durado tan poco las buenas palabras del partido que dirige Pablo Casado, y que mensajes lanzados desde el Ejecutivo como la necesidad de una reforma fiscal incremente la recaudación o la contrarreforma laboral no hayan sido impedimentos para el acuerdo con los empresarios y sí lo sean para lograr el compromiso de los conservadores en una mínima agenda para la recuperación.

Al mismo tiempo, el vicepresidente Pablo Iglesias expresaba sus discrepancias con los tanteos iniciados desde el partido socialista para sumar a Cs a la mayoría que permita aprobar los próximos Presupuestos Generales, una vez comprobada su actitud constructiva en momentos claves de la complicada  gestión de la desescalada, y este viernes mismo en la votación de las conclusiones de la comisión de la reconstrucción. Es cierto, como argumenta Iglesias, que los postulados en materia económica del partido de Arrimadas son difíciles de encajar con el acuerdo de Gobierno entre el PSOE y Podemos, y que sería lógico que la mayoría que permitió la investidura de Sánchez fuese también la que diese luz verde a las cuentas del Estado. Pero, acuciada por sus particulares condicionamientos electorales, no puede darse por descontada la implicación de ERC en la aprobación de los presupuestos. Ni parece prudente dibujar líneas rojas cuando es más necesaria que nunca  la capacidad de llegar a acuerdos y forjar consensos ante un reto enorme. Si los agentes sociales han sido capaces de ello, no deberían serlo menos nuestros representantes políticos.