31 oct 2020

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FENÓMENO PELIGROSO

Agentes de los Mossos d’Esquadra tratan de apaciguar una concentración vecinal convocada para protestar contra la inseguridad en Llançà, el 22 de junio.

ACN / DIEGO SÁNCHEZ FARIÑA

Ciudadanía policial

Sonia Andolz

La solución al aumento de la delincuencia no pasa por autoerigirse en policía, juez y verdugo, sino en analizar las causas, buscar soluciones y pedir recursos para llevarlas a cabo

La crisis económica global producida por la irrupción del covid-19 y la necesidad de aplicar medidas restrictivas ha multiplicado la polarización política en muchos países. Es el caso de España, donde la mayoría de la oposición ha centrado sus discursos en la crítica feroz y la movilización constante alimentando la ira, el descontento y las grietas. Esta movilización, junto a otros elementos que ya existían, da lugar a escenarios de confrontación ciudadana. Uno de estos escenarios son los enfrentamientos que hemos visto estas últimas semanas en Catalunya.

Primero fue Premià de Mar, donde un falso rumor sobre la autoría de una agresión de tipo sexual llevó a grupos de vecinos a concentrarse frente a un piso donde viven jóvenes migrantes tutelados e incluso lanzar piedras contra la vivienda. Después, Llançà, donde los vecinos han ido más lejos llegando a agredir y a amenazar verbalmente a algunos jóvenes. Parece que la motivación sería el incremento de robos en la localidad. En algunas localidades la organización de esas protestas o ataques ha sido coordinada desde plataformas vecinales o patrullas ciudadanas. Estas iniciativas, surgidas ya el año pasado en algunas ciudades, siguen siendo un problema añadido al escenario conflictivo.

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En ningún caso una patrulla ciudadana es una solución. Nunca. Para quienes sienten desprotección y vacío policial puede parecerlo a corto plazo y puede que incluso su percepción coincida con los datos reales. Aun así, la solución no pasa por autoerigirse en policía, juez y verdugo. La separación de poderes se fundamenta en siglos de experiencia. Que las distintas instituciones tengan funciones separadas es un pilar democrático. El uso de la fuerza está restringido también por motivos fundamentales. Quien es parte de un problema no puede imponer la solución que más le convenga. Su visión es sesgada, no siempre cualificada y libre de control. Los peligros de permitir que estas iniciativas impongan vigilancia y mecanismos de intervención y disuasión sobre quienes consideran peligrosos son claros y simples: pueden vulnerar los derechos, libertades e integridad de otros.

En estos casos concretos, los ataques han sido contra menores tutelados. No importa si en realidad estos menores son autores de algún delito. Como personas residiendo en un estado democrático deben tener derechos y garantías. Como menores, deben recibir protección especial.  Un grupo de ciudadanos no puede decidir ni sentenciar. En su afán por escuchar a los propios, los dos alcaldes (Premià, Llançà) toman parte llamando a separar entre la "legítima queja" de los "componentes racistas". Como si realmente fuesen dos elementos fácilmente separables y como si la posición de los vecinos no fuese abusiva y claramente dirigida contra un colectivo. Si existe un problema de aumento de criminalidad, hay que centrar ahí las reivindicaciones. Analizar las causas y buscar soluciones, pedir recursos para llevarlas a cabo. Apuntar con el dedo o con una piedra solo nos deja a todos más ciegos y heridos.