La necesidad de pasar página

En una conversación política como la catalana, tan dada a la sacralización de las fechas y los aniversarios, el 10º aniversario de la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional (TC) sobre el Estatut de Catalunya conmemora el inicio de un largo periodo de inestabilidad política que ha derivado, hoy, en un escenario que entonces se habría antojado imposible de creer: el independentismo es mayoritario en el Parlament de Catalunya sin superar nunca el 50% de los votos y toda una generación de líderes independentistas catalanes están o bien en prisión o bien en el extranjero por las consecuencias penales de la  celebración de un referéndum ilegal de autodeterminación y la posterior declaración de independencia.

En el relato oficial de esta convulsa década se establece que la crisis empezó tras el fallo del TC, punto final de un largo y controvertido proceso de redacción, aprobación y posterior derogación parcial del Estatut, refrendado por el Parlament y los ciudadanos catalanes en un innegable ejercicio de respeto a las normas constitucionales. Las simplificaciones no suelen ser la mejor forma de afrontar la realidad con la intención de solucionar los conflictos. En la desafección de los catalanes (en una expresión que hizo fortuna), que en muchos casos cristalizó en desconexión primero y ruptura después, tuvo mucho que ver la sentencia y la forma con la que se tramitó el texto y se gestionó el proceso judicial, plagado de situaciones irregulares y poco edificantes. Hubo mucha irresponsabilidad (la recogida de firmas del PP por toda España), ceguera (el "cepillado" de Alfonso Guerra), maniobras en el TC que sobrepasaron lo tolerable (el juego de recusaciones) y flagrantes incoherencias como que disposiciones recurridas y anuladas en el Estatut catalán aparecen sin problemas, aspavientos y admoniciones sobre la ruptura de España en los textos estatutarios de otras comunidades autónomas como Andalucía.

Pero ni el Estatut ni las consecuencias posteriores a la tramitación y la sentencia se explican sin el deseo de la Convergència de Artur Mas de recuperar o mantener el poder, que en todo el proceso estatutario ostentó el tripartito de izquierdas, ni los efectos de la crisis económica en Catalunya, donde de forma paralela al aumento de la independencia se aplicaron unos rigurosos recortes presupuestarios.

Una década de bloqueo político

Sea como fuere, es difícil negar que tras la sentencia la política catalana entró en ebullición y más tarde en combustión, lo que entre otras consecuencias ha supuesto 10 años largos de interinidad y bloqueo político cuyo coste es evidente.

Mirar hacia atrás sin más intención que recrearse en lo sucedido es insensato. Del malhadado proceso del Estatut y sus consecuencias hay que pasar página y las próximas elecciones son una nueva oportunidad para hacerlo. El Estatut demostró los perversos efectos de judicializar la política y de politizar la justicia. También probó que la puja en base a explotar los sentimientos de una parte de la sociedad catalana lleva a callejones sin salida, como ocurrió en el otoño del 2017. Ahora, unos pocos quieren seguir explotando esa vía, pero no consiguen nada más que provocar frustración, aunque se disfrace de victimismo. Pero la mayoría quiere pasar página, sea en una dirección o en otra. La unilateralidad se ha demostrado un camino estéril como quedó patente con la ruptura del pacto parlamentario en un tribunal. El pacto no es una opción sino un requisito de la política democrática. La sociedad catalana es capaz de dotarse de un marco político resultado de un amplio consenso entre los partidos; y que el resto de España debe entender que el desarrollo del sistema democrático no será completo hasta que el Estatut de Catalunya sea satisfactorio para todos. En un momento más grave que 10 años atrás, las enseñanzas del Estatut se resumen en: responsabilidad, cabeza fría y altura de miras.