08 jul 2020

Ir a contenido

ANÁLISIS

El Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en A Coruña, antes de comenzar una sesión.

CABALAR (EFE)

¿Jueces que legislan?

Jordi Nieva-Fenoll

Con cierta frecuencia hay pronunciamientos de tribunales que parecen tener la vocación de convertirse en leyes o en actos de gobierno

La división de poderes es una de las garantías más importantes de las democracias. Fue concebida inicialmente por John Locke en el siglo XVII para tratar de desconcentrar los poderes del rey, cosa que finalmente se hizo en Inglaterra desde 1689, aproximadamente. Un siglo más tarde vinieron EEUU y Francia, y tras ellos buena parte del resto del mundo con diferentes modelos.

Una de las obsesiones de la época, por cierto, fue limitar el poder de los jueces, realzando la importancia del parlamento como voz del pueblo. La razón lejana había sido la tremenda corrupción de la justicia inglesa, que hasta llevó a entender preferible que el pueblo asumiera el poder de juzgar a través del jurado, antes que jueces literalmente delincuentes. Era una solución extravagante ante una dificultad muy grave, pero la idea arraigó en varios lugares y mentalidades.

Pero el problema de fondo era otro: los jueces podían transformarse en reyezuelos que quisieran hacer política. Rousseau lo explicaba muy bien cuando afirmaba que los jueces tienen el mayor poder, ya que no pudiendo hacer nada pueden impedirlo todo. Por ello recomendaba que los tribunales no tuvieran ninguna participación en el poder legislativo –el parlamento– ni en el poder ejecutivo –el gobierno–.

Sin embargo, llevar hasta el final estas ideas es muy complicado, puesto que los tres poderes tienen a veces contornos difusos que nos hacen dudar a los juristas. Pero lo que sí nos parece obvio a todos es que un juez no puede aprovechar su labor para cambiar las leyes o para gobernar. Es decir, los tres poderes no pueden usurparse sus funciones entre sí.

Decisiones irrevocables

Además, la usurpación de los jueces es muy peligrosa, puesto que sus decisiones son irrevocables gracias a la cosa juzgada, una institución que impide a los tribunales repetir un proceso con el fin de cambiar una sentencia una vez que ya ha sido dictada. Las leyes se pueden reformar, los gobiernos pueden cambiar de opinión, pero las sentencias acaban siendo inmutables e indiscutiblemente obligatorias para el caso concreto ya decidido, incluso aunque en el futuro los propios tribunales cambien con otras sentencias en casos análogos su orientación interpretativa general, es decir, eso que llamamos jurisprudencia.

De ahí que los jueces no deban interferir en la labor de los poderes legislativo y ejecutivo, dado que estos dos poderes no pueden ni deben tener esa vocación de perpetuidad. Los jueces intentan resolver un conflicto concreto para siempre. Las leyes, en cambio, intentan prevenir un grupo genérico de conflictos durante un cierto tiempo. Los gobiernos, por su parte, deben estar pendientes del día a día para reaccionar con rapidez, siempre cumpliendo las leyes, por supuesto.

Entretodos

Publica una carta del lector

Escribe un post para publicar en la edición impresa y en la web

Los tribunales, por todo ello, deben ser muy juiciosos para que ni sus sentencias individualmente consideradas, ni su jurisprudencia en general, interfiera en la labor de los otros poderes del Estado. Aunque no siempre sea fácil, los jueces han de procurar no decir lo que la ley no dice, ni intentar suplir el papel del gobierno con sus decisiones.

El alcance de su poder

Sin embargo, encontramos con cierta frecuencia pronunciamientos de los tribunales que bien parecen tener la vocación de convertirse en leyes, o al menos en actos de gobierno. Esos pronunciamientos se suelen producir, además, en casos con un trasfondo ideológico. Y así vemos a algunos tribunales 'regulando' el uso oficial de lenguas autonómicas de acuerdo con lo que puntualmente les parece que desea la Constitución, o bien determinando el uso de banderas en las fachadas de las instituciones, o incluso estableciendo la extensión de la inviolabilidad del rey.

La discusión sobre el alcance de su poder en esas decisiones es muy controvertida, porque bien parece que habría de ser el poder legislativo, el elegido directamente por el pueblo, el que debiera encargarse de esos temas, y no los jueces. La Constitución establece, habitualmente, líneas generales. En esas líneas, el margen interpretativo es amplio.

Y por las razones indicadas, es mejor que dentro de ese margen de interpretación se muevan prioritariamente el poder legislativo y el ejecutivo en el marco de sus respectivas competencias. Solo cuando se excedan de esos márgenes de modo evidente, deben intervenir los tribunales. De lo contrario, particularmente en materias de calado político evidente, se corre el riesgo de que los jueces se extralimiten y acaben usurpando un poder que no les corresponde, enfangándose en unos pantanales que acaban por desprestigiar su labor.