El Castor sigue en su madriguera

Lo avisamos hace tiempo: el Castor no debe convertirse en un topo. O sea, que los detalles del despropósito que fue el almacén de gas fallido frente a las costas de Vinaroç (Castelló) deben ver la luz. Tras paralizar la infraestructura al provocar centenares de pequeños seísmos en la zona, lo íbamos <strong>a pagar en el recibo del gas durante 30 años</strong>.

Tras una larga batalla judicial de la patronal vallesana Cecot e incluso la Generalitat, entre otras, los pagos, casi 400 millones que se produjeron entre el 2014 y el 2018 por distintos conceptos, se paralizaron. El Tribunal Constitucional había invalidado antes la compensación de 1.350 millones que se embolsó la concesionaria, una sociedad, Escal, de la que la ACS de Florentino Pérez tenía la mayoría del capital.

Para no aumentar el déficit público, el Gobierno de Mariano Rajoy endosó a Enagás, firma en la que el Estado tiene un 5%, el mantenimiento de la instalación y el pago de la indemnización. Esta luego acordó con Banco Santander, CaixaBank y Bankia, que se hicieran cargo del pago y, a cambio, se hicieron con derechos de cobro del recibo de gas. La única forma de que les resultara atractivo: un interés de más del 4%, es decir, después de 30 años, más de 4.000 millones de euros. 

Pero también los, que han tenido que reclamar en los tribunales que les devuelvan el capital invertido, se han visto afectados por un proceso culminado en la etapa del dimisionario ministro de Industria, José Manuel Soria (PP), pero que se aprobó durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, con Miguel Sebastián como titular de la cartera. También Enagás tuvo que recurrir a los tribunales. El <strong>Consejo de Estado</strong> admite que tanto los bancos como Enagás tienen derecho a recuperar los recursos que destinaron.

Y es ahora Cecot, la que tras lograr cuatro fallos favorables, presentará una demanda de ejecución de sentencia en la parte que afecta a Enagás (34,5 millones que la compañía se ha tenido que 'comer', según afirma), ya que los usuarios no han visto ni un céntimo del dinero que esta retornó.   

Menuda operación. Cosas del capitalismo español de amiguetes dirán los independentistas, pero tampoco en Catalunya podemos estar orgullosos con fiascos como la privatización de la antigua Aigües Ter Llobregat (ATLL), la mayor de las acometidas por la Genertalitat en la etapa de Artur Mas como 'president', y dinamitada por los tribunales.

La cuestión es que tanto el Tribunal Constitucional como distintos fallos del Tribunal Supremo han dado reiteradamente la razón a los demandantes. Pero apenas lo han notado. Lo administrados siguen bastante indefensos antes las meteduras de pata de los gestores públicos. El Castor, un síntoma de una dolencia grave que hay que erradicar (la vieja práctica de privatizar las ganancias y colectivizar las pérdidas al diseñar de forma desequilibrada un régimen concesional que puede funcionar bien) sigue en su madriguera.

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