Un ejercicio de civismo

Llegados a la llamada 'fase de reanudación', la normalidad se impone lentamente pero con ímpetu entre la ciudadanía. Hemos dejado atrás unos meses muy complicados, con momentos ciertamente críticos y con la sensación de que no pueden bajarse los brazos ante la presencia inquietante del coronavirus y de posibles rebrotes, como ya se han dado en China, Alemania e Italia, y también, aunque controlados, en nuestro país. Es el momento, pues, de reflexionar sobre lo que ha ocurrido y de pensar en los miles de fallecidos (más de 28.300, según el último recuento del Ministerio de Sanidad) que ha ocasionado la pandemia en España. Es también el momento de exigir responsabilidades a los ciudadanos que, durante el estado de alarma, hicieron caso omiso de las instrucciones sanitarias y de las normativas impuestas por el Gobierno, y, saltándose las restricciones, incurrieron en faltas previstas en la ley de salud pública y la de protección de la seguridad ciudadana, si se demuestra que lo hicieron. 

Una de las características más destacadas de estos tres últimos meses ha sido el elevado grado de disciplina colectiva, la toma de conciencia de que la curva de contagio del covid podía frenarse, como así ha sido, gracias a los esfuerzos individuales, y como sociedad en conjunto. El confinamiento no ha sido fácil para nadie. Aun viviéndolo, cada persona, desde su propia circunstancia particular, ha significado la renuncia a muchas acciones cotidianas que hasta entonces eran habituales: des de la movilidad a la convivencia; desde la imposibilidad de salir a la calle hasta la distancia impuesta con los seres queridos.

La asunción de estas limitaciones por una voluntad de solidaridad colectiva ha sido clave para evitar la propagación del virus. Ante esta obviedad, también lo es que una parte –menor– ha ido más allá de lo permitido en cada momento. En Catalunya, se han llevado a cabo unos 140.000 expedientes sancionadores por quebrantar el confinamiento, mientras que en España se han abierto más de un millón. Cifras destacadas que, en el caso de Catalunya, han obligado a la Generalitat a diseñar un plan especial para que las multas (impuestas en un 60% de los casos por los Mossos d’Esquadra y en el 40% restante por las policías locales) sean efectivas. Un centenar de abogados del Departament d’Interior, derivados de otro negociados, estarán al servicio de la Dirección General de Administración de Seguridad (DGAS), para agilizar los trámites burocráticos y para concretar las sanciones que se han interpuesto por desatender a la normativa o por oponer resistencia o negarse a la identificación ante los agentes policiales. 

Una sanción es el caso extremo al que debe llegarse para que las leyes se cumplan, pero es, al mismo tiempo, la garantía para que la legislación tenga consecuencias. En este caso, no es solo una cuestión legal sino, principalmente, una obligación ética a favor del civismo y del respeto hacia los demás y hacia los sacrificios llevados a cabo y, de manera especial, hacia todos aquellos que, en las semanas más dramáticas de la crisis, mantuvieron viva la esperanza del conjunto social. Las sanciones y su efectividad, en estos días de camino a la normalidad, sirven asimismo como medida de disuasión para que la relajación no derive en actos contrarios a la salud pública. 

Algunos juristas arguyeron que la validez administrativa de las multas tenía que decaer con el fin del estado de alarma, pero la Administración se basa en que la excepcionalidad no preveía sanciones específicas sino que las infracciones de la norma tenían su base jurídica en la legislación habitual. Este punto puede llevar a controversia, pero no tendría que evitar un comportamiento ejemplar. Luchar contra la pandemia ha sido una empresa colectiva, manchada por algunos incívicos que, ahora, han de asumir sus responsabilidades. 

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