Este virus lo paramos desunidos

En un lejano 24 de marzo de 2020, la ONG International Crisis Group publicó un informe sobre la covid-19 en el que mostraba su preocupación por los lugares donde la pandemia coincide con guerras o condiciones políticas (instituciones débiles, tensiones sociales, falta de confianza en los líderes y rivalidades interestatales) que podrían dar lugar a nuevas crisis o exacerbar las existentes. El informe ha resultado ser profético en lo que respecta a uno de los peligros identificados por Crisis Group: la explotación política de la crisis.

En el contexto europeo la excepción a la regla es Bélgica. Antes de la pandemia Bégica se encontraba en un absoluto punto muerto político. Desde las elecciones del 26 de mayo de 2019 se hallaba sin Gobierno y sin perspectivas de tenerlo. El estallido de la pandemia logró lo que los sucesivos 'informateurs' nombrados por el rey Felipe no habían conseguido después de meses: la formación de un gobierno. El 17 de marzo de 2020 el Gobierno en funciones de Sophie Wilmès se convirtió en un gobierno efectivo con plenos poderes para luchar contra el coronavirus. Se trata, en todo caso, de una excepción relativa, porque el gobierno Wilmès tiene fecha de caducidad: una vez controlada la pandemia, el apoyo coyuntural que recibe cesará y se abrirá la perspectiva de unas nuevas elecciones que pueden dar lugar a un nuevo período sin gobierno si los grandes partidos (independentistas flamencos y socialistas valones, principalmente) siguen mostrándose incapaces de trabar acuerdos.

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Más allá del caso belga, en los demás países divididos de Europa es evidente que la pandemia ha acentuado la división. En Bosnia-Herzegovina la pandemia no ha servido para fortalecer las débiles estructuras federales: antes al contrario, ha reforzado una situación de facto de dos estados dentro de uno. La federación croato-musulmana de Bosnia y Herzegovina, por un lado, y la República Srpska, por el otro, han decretado sus estados de alarma por su cuenta, y están levantando sus confinamientos respectivos con ritmos diferentes. 25 años después de los Acuerdos de Dayton, persiste el confinamiento social y político producto de la limpieza étnica que acarreó la guerra: los serbios en la República Srpska, y a lo suyo, y los musulmanes y croatas en la Federación, también a lo suyo.

Si nos fijamos en el caso extremo de los que preocupaban a Crisis Group (países en guerra), el análisis corrobora la evidencia. El conflicto que enfrenta a Rusia con Ucrania en el Donbass no da signos de mejora. Por poner un solo ejemplo, en el informe de la Misión Especial de Control (SMM) de la OSCE del pasado 18 de mayo se indica que entre el 4 y el 17 de mayo el SMM registró nada más y nada menos que 10.500 violaciones del alto el fuego, incluyendo aproximadamente 2.000 explosiones. En este periodo la Misión confirmó la existencia de nueve personas heridas (cinco de las cuales niños), lo que elevó el balance de víctimas de 2020 a 6 muertos y 38 heridos.

Sin necesidad de ir a los extremos es evidente que España es uno de los más logrados ejemplos de lo que Crisis Group llamaba en su informe "explotación política de la crisis". El voluntarioso eslogan de "este virus lo paramos unidos" puede hacerse realidad por lo que respecta a "parar", pero es evidente que si paramos el virus lo vamos a hacer de cualquier manera excepto "unidos".

En esta cuestión, los políticos catalanes no les van en zaga a los españoles. El Gobierno español no solo se ha visto socavado por el obsceno bombardeo conjunto de PP y Vox, sino también por la actitud deslegimitadora del gobierno de Quim Torra, que no ha perdido ni una sola ocasión de utilizar la pandemia como combustible para alimentar el discurso independentista. El reciente artículo de Torra 'Per Catalunya i per la vida' (léase 'Contra España y contra la muerte') es una muestra antológica de la explotación independentista de la pandemia.

Pero desde el punto de vista catalán la explotación política de la crisis es un poco más grave: la crisis no la utilizan solo los independentistas contra el "Gobierno de España" (pronunciado siempre en estricto español, como le gusta al conseller Buch) sino que también la utilizan unos independentistas contra otros, con el fin de mejorar sus expectativas electorales. De cara a la post-pandemia es urgente hacerse una pregunta, tan válida para Catalunya como para el conjunto de España: ¿cómo van a pactar la reconstrucción del país los mismos políticos cuya finalidad es destruirse mutuamente?

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