La negociación 'posbrexit' en la encrucijada

Las negociaciones sobre el tratado comercial 'posbrexit' entre la Unión Europea (UE) y el Reino Unido se encuentran en la encrucijada y resurge el riesgo de una ruptura abrupta al finalizar el año. Esta semana se está desarrollando la cuarta ronda negociadora, que debe concluir el 5 de junio, sin que las rondas precedentes hayan logrado acercar las posturas.

El 30 de junio acaba el plazo para que Londres pueda pedir prolongar el periodo transitorio, que expira el 31 de diciembre y que mantiene sin cambios las relaciones socioeconómicas entre la UE y el Reino Unido pese al 'brexit'. El primer ministro británico, Boris Johnson, ha descartado hasta ahora ampliarlo. Por ello, la falta de progresos reaviva el riesgo de una ruptura abrupta entre el Reino Unido y la UE al finalizar diciembre, con la conmoción económica que implicaría.

El gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, acaba de instar a la banca británica a acelerar los preparativos para la eventualidad de que no haya acuerdo, lo que dejaría al sector financiero británico (7% de la economía británica) con un acceso restringido al mercado de la UE. La Confederación de la Industria Británica, por su parte, alerta que tras la crisis del covid-19 la falta de un acuerdo con la UE supondría un mazazo fatal para las empresas británicas.

Impacto negativo

El bloqueo en la negociación es fruto del enfoque fantasioso del 'brexit' planteado desde el referéndum del 2016 por Johnson y los conservadores de que el Reino Unido podría mantener un acceso casi igual al mercado europeo sin contrapartidas. La actual recesión del coronavirus parece reforzar la tentación de apostar por un 'brexit' duro de ruptura total con la UE, con el cálculo político de que su impacto negativo pasará más desapercibido entre los votantes a causa de las secuelas socioeconómicas de la crisis del coronovaris que seguirán vigentes en el 2021.

La promesa de EEUU a Londres de un ambicioso acuerdo comercial tras el 'brexit' va asociada a la condición de romper con las normativas europeas. Pero perder el libre acceso al mercado europeo tendría un elevado coste industrial para el Reino Unido: Nissan ha advertido que sin acuerdo cerrará su fábrica de automóviles en Sunderland, porque la imposición de aranceles la haría inviable al exportarse el 70% de su producción a la UE.

El primer gran obstáculo para el acuerdo comercial es la negativa británica a trasladar al texto formal el compromiso asumido en la Declaración Política del 'brexit' de mantener una competencia “justa y equitativa” actuando bajo las mismas reglas. La UE exige que el tratado comercial incorpore un mínimo alineamiento normativo para evitar la competencia desleal británica en material fiscal, laboral, social, financiera, ayudas públicas y regulación agroalimentaria y medioambiental.

Cero aranceles

Johnson propone un acuerdo con cero aranceles y cero cuotas y acceso a las bases de datos policiales europeas. Pero rechaza un alineamiento normativo porque equivaldría a ceder sus “derechos soberanos como estado independiente”. El negociador europeo, Michel Barnier, advirtió en una entrevista al 'Sunday Times' el 31 de mayo que si no se respeta el compromiso sobre competencia leal “no habrá acuerdo”.

El segundo gran obstáculo es la exigencia europea de que el Tribunal de Justicia de la UE desempeñe el papel de árbitro en el caso de desacuerdos. Esto también es rechazado frontalmente por Londres, porque choca el objetivo del 'brexit' de recuperar la total soberanía e independencia.

Además de las dificultades en la aplicación del pacto sobre la frontera de Irlanda, el acceso a los caladeros de pesca británicos se ha convertido en el tercer gran obstáculo que envenena las negociaciones. Pese a que la actividad pesquera representa sólo el 0,12% de la economía británica y menos del 0,1% del empleo, la recuperación del control de las 200 millas de las aguas británicas fue una de las promesas centrales del referéndum y de la victoria electoral de Johnson en diciembre de 2019. Johnson considera que el acuerdo de pesca pactado al ingresar en la UE en 1973 es injusto.

Londres ofrece a la UE asignar cuotas anuales de pesca en contrapartida de cuotas equivalentes en aguas de la UE. Los Veintisiete reclaman el mantenimiento del statu quo en una posición muy firme defendida por Alemania, Francia, Bélgica, Holanda, Dinamarca, Irlanda y España. Como el 71% de las exportaciones de pesca británicas van destinadas a la UE, el cierre de ese mercado sería un duro golpe para el sector, debilitando la posición de Londres.

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