Opinión | Editorial

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Reabren las escuelas

La apertura de los centros, basada en su servicio público, anuncia la llegada de una cierta normalidad, pero lo decisivo será cómo se defina el próximo curso

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Este lunes llegó, por fin, la anhelada reapertura de los centros educativos, 80 días después del cierre obligado por la extensión de la pandemia y la implantación del estado de alarma, aunque lo cierto es que lo ha hecho con sordina y con la oposición de los sindicatos, la prevención de los padres y un notable desconcierto entre el profesorado. Cabe resaltar que al ser festivo en 150 municipios de Catalunya, no será hasta este martes cuando se podrá calibrar con más certeza el impacto de una medida que afecta, por ahora, al 40% de las escuelas e institutos públicos y al 25% de los concertados, en los territorios que ya han entrado en fase 2: Camp de Tarragona, Terres de l’Ebre, Alt Pirineu-Aran, Catalunya Central, Girona, Alt Penedès y Garraf.

Abrir los centros no es una posibilidad o una opción, sino una indicación en firme del Departament d’Educació, como ha recalcado el director general de centros públicos, aunque ha habido quienes han mostrado públicamente su oposición. En el primer día, algunos centros, por distintas circunstancias (obras, averías o falta de alumnos) no ofrecieron unos servicios que, básicamente, se centran en facilitar apoyo emocional y orientación pedagógica, sin clases lectivas, porque el curso terminará oficialmente el 19 de junio de manera telemática. Como ya preveía el ‘conseller’ Josep Bargalló, la asistencia en educación infantil (hasta los seis años) ha sido escasa y se intuye que será más elevada en aquellos cursos que acaban etapa (sexto de primaria, cuarto de ESO, segundo de bachillerato, con la perspectiva de la selectividad, y segundo de ciclo formativo de FP), aunque la implantación de las medidas restrictivas de distanciamiento, acceso a los centros, falta de transporte y comedor y horarios selectivos, han hecho desistir a muchas familias de volver a llevar los niños a las escuelas. 

La reapertura ha sido criticada por los sindicatos, que se quejan de la falta de consenso con la Administración y de la ausencia de protección sanitaria para los docentes. También ha sido vista como precipitada por las familias y por el profesorado, que no están de acuerdo con la obligatoria asunción de responsabilidades por parte de las direcciones, en un escenario cambiante y lleno de dudas e indecisiones. La preocupación y el desconcierto de los docentes, con indicaciones que consideran inalcanzables y con casuísticas muy variables, ha generado una sensación de desprotección. El hecho de que la asistencia sea voluntaria genera, asimismo, un problema para estructurar la presencia del profesorado. Estos días, prácticamente se ha hecho un seguimiento a la carta para conocer el número de alumnos que pensaban acudir al centro, con familias aún temerosas, ante una evidente relajación de la crisis sanitaria pero todavía con temor a posibles rebrotes. «Entiendo el temor –declaró Bargalló –pero somos un servicio público y tenemos que abrir». Esta ha sido la premisa oficial, pensada también en la perspectiva de la próxima utilización de los centros educativos como colonias y campamentos urbanos que, sin ser una sustitución de la educación reglada, tendrán que amoldarse a urgencias sociales y educativas.

Reabrir escuelas e institutos no deja de ser una medida simbólica para anunciar la llegada de una cierta normalidad, pero habrá que calibrar su utilidad cuando también llegue al resto de Catalunya, en especial a Barcelona y al área metropolitana, a las mismísimas puertas del final de curso. Lo decisivo –y menos simbólico, más concreto– será cómo se define el curso 2020-21. En septiembre, se reanudarán las clases presenciales, si nada lo impide, pero el ‘conseller’ habla de «plantilla estructural y plantilla coyuntural» para no comprometerse en una ecuación de difícil solución si no se dobla el profesorado, estando aún por definir  los espacios de los que las escuelas tendrán que disponer para hacer frente a las restricciones sanitarias y de protección.