Una centuria contra la insurgencia

La administración, la empresa más importante de Catalunya, empezará a ponerse las pilas esta semana, al menos sobre el papel, tras el cierre obligado por el confinamiento. Los servidores públicos, descontados los que desarrollan su labor en los servicios calificados de esenciales, regresarán paulatinamente a sus puesto de trabajo. Lo hará sin ninguna prisa, al trantrán, como corresponde a una organización en la que la productividad no es una obsesión y donde las amenazas de un ERTO o cierre definitivo no existen.

El funcionariado cuenta, además, con la coartada del teletrabajo que tan bien ha desplegado discursivamente, incluso antes del COVID-19, Jordi Puigneró, conseller de Políticas Digitales y Administración Pública. Pero más allá de las palabras y las intenciones, salvo que estemos abonados al autoengaño creyendo que las cosas toman cuerpo sólo con decirlas, lo cierto es que si lo primero que hicieron los gobiernos fue suspender los plazos administrativos de todas sus actividades es porque sabían que, trabajando en casa, los probos funcionarios trabajarían mal y poco (o nada). Y no por culpa suya, que puede que también en algunos casos, sino porque ni cuentan con los medios para hacerlo ni los procedimientos están lo suficientemente desarrollados para poder ser gestionados de ese modo.

La normalidad empieza en las terrazas, sí, pero también volviendo físicamente al trabajo. La primera reunión presencial del Ejecutivo de Quim Torra está prevista para el 9 de junio. Adiós a las teleconferencias. Aunque donde van a vivir un empujón esta misma semana es en el Departamento de Interior. No les queda otra. En un año natural la policía catalana tramita un total de 30.000 denuncias. En solo dos meses y medio de confinamiento los Mossos, junto a las policías locales, han multiplicado por más de cuatro esa cifra y ahora hay 130.000 actas de denuncia en los cajones. Hay que empezar a tramitarlos.

Para evitar el colapso el 'conseller' Miquel Buch ha reclutado una centuria de abogados, que hasta ahora desarrollaban su labor en diferentes áreas del departamento, para que se agilicen los trámites de notificación a los infractores, dar respuesta a las alegaciones cuando lleguen y finalmente cursar las resoluciones definitivas. De hecho serán más que una centuria, que estaba integrada por ochenta soldados romanos. Aquí van a ser cien los letrados conjurados para acabar de un plumazo con la leyenda urbana que aseguraba que estas infracciones acabarían por no cursarse.

Tocan a 1.300 denuncias cada uno. Si usted es de los que no logró comportarse a la espartana manera durante la reclusión y se saltó las normas, puede que no reciba mañana el premio que le tocó en la lotería de los controles policiales. Pero no se haga ilusiones, tarde o temprano el cartero llamará a su puerta. Suerte con el recurso si se ánima con él.

¿Qué tipo de infracciones? Orgías, visitas a familiares y amigos, ligues de Tinder impacientes, desplazamientos a la segundas residencias, etc. Todo el universo de excusas o urgencias para escapar del confinamiento están detalladas en esas 130.000 actas que los agentes han levantado desde que sonó la corneta cuartelaria en el BOE.

El Departamento de Interior ha fijado como objetivo tramitar todas las denuncias. No hacerlo, consideran, supondría una triple falta de respeto: a los policías que han estado en la calle cumpliendo con las ordenes recibidas, a los ciudadanos que han acatado a rajatabla el encarcelamiento doméstico y a los profesionales de la salud que se dejaban la piel en los hospitales.

Está previsto que este mismo martes el Govern apruebe un decreto ley que dará competencias al Departamento de Interior para hacerse cargo de las denuncias que se acaben tramitando como incumplimientos de la Ley de Salud Pública y que hasta ahora correspondía tramitar al Departamento de Salud que dirige Alba Vergés.

La intención es aplicar elementos de proporcionalidad a las sanciones que deberán afrontar los ciudadanos insurgentes que se saltaron el confinamiento. Así, los que aceptaron la regañina policial, recogieron la denuncia y dieron media vuelta hacia sus domicilios con la resignación de saberse pillados con el carrito del helado se enfrentarán a multas menores porque se les aplicará la Ley de Salud Pública. Los que además de saltarse el confinamiento se enfrentaron a la policía, faltaron al respeto a los agentes o simplemente se cruzaron con uniformados más papistas que el papa, se las tendrán que ver con la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, la conocida como Ley Mordaza, cuya sanción mínima es de 600 euros, 140 euros por encima del ingreso mínimo vital mensual aprobado por el Gobierno el pasado viernes.