10 jul 2020

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EDITORIAL

Los equilibrios de la Comisión Europea

El plan de recuperación presentado por Von der Leyen es un ejercicio de realismo que aún será objeto de un debate tenso

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, durante la presentación del plan de recuperación de la eurozona tras la crisis del coronavirus, este miércoles 27 de mayo.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, durante la presentación del plan de recuperación de la eurozona tras la crisis del coronavirus, este miércoles 27 de mayo. / COMISIÓN EUROPEA

El plan de recuperación presentado este miércoles en el Parlamento Europeo por la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, es un ejercicio de realismo que atiende a un tiempo a los criterios esenciales del fondo de recuperación defendido por Francia y Alemania y a los requisitos reclamados por el llamado frente frugal (Holanda, Austria, Dinamarca y Suecia), permanentemente receloso ante los programas de ayuda no reembolsables. Al diseñar la Comisión un plan de 750.000 millones que combina las subvenciones –500.000 millones– con los préstamos –250.000 millones– mantiene el volumen de las ayudas a fondo perdido de la propuesta franco-alemana y, al propio tiempo, incorpora el espíritu que anima a los defensores sin fisuras de la ortodoxia fiscal, que se niegan a dar el visto bueno a un programa de una envergadura desconocida si no está sujeto a ciertas condiciones de control, plazos y eficacia.

La reacción positiva de las bolsas europeas en cuanto se conocieron los planes de la Comisión y la buena acogida que han tenido en los países más directamente concernidos –España tendría acceso a 77.000 millones en subvenciones y 63.000 millones en préstamos– no significa que en el Consejo Europeo del 18 de junio no vayan a aflorar las diferencias y aun la exigencia de un endurecimiento de las condiciones para apoyar a los países con las economías más castigadas por la pandemia. Desde ahora mismo se abre un periodo de negociación no exento de tensiones, aunque las cuatro mayores economías de la Unión Europea respalden el programa y resulte palmaria la necesidad de una resolución no traumática de la crisis. Dicho de otra forma, el punto de partida es lo suficientemente sólido como para confiar no sin cautelas en un desenlace que limite el parte de daños en economías muy erosionadas y que salvaguarde la solidaridad europea. Un aspecto a tener muy en cuenta frente a la proliferación de mensajes eurófobos.

La propuesta de la Comisión entraña, además, riesgos francamente limitados a largo plazo. Aunque sus adversarios esgriman el temor a que la emisión de bonos europeos a 30 años para financiar el monto de 750.000 millones acabe contaminando las primas de riesgo nacionales, lo cierto es que la solvencia de la Comisión garantiza la captación de dinero a muy bajo interés. Lo mismo cabe decir de los eventuales efectos del programa sobre el Marco Financiero Plurianual 2021-2027, que alcanzará los 1,85 billones, pero que no tiene por qué obligar a los estados a aumentar sus aportaciones si se aprueban nuevos impuestos y tasas europeos en el sector de los plásticos, las emisiones de CO2 y otros ámbitos directamente relacionados, además, con la emergencia climática.

Es evidente que al complementar la primera batería de medidas por valor de 540.000 millones, aprobadas en abril, con las de ahora es preciso establecer rigurosas pautas de conducta para que el resultado sea un acortamiento de la crisis y una atenuación de las tensiones sociales. Pero es asimismo evidente que sin este esfuerzo colectivo para reactivar la economía cuanto antes la salida de la pandemia puede tener efectos inasumibles en países como Italia y España. De ahí el lógico deseo de la Comisión de acortar al máximo el periodo de discusión de los estados y de tener luz verde cuanto antes para poner en marcha el programa con medidas provisionales, al llegar septiembre, y con un sistema definitivo en enero del 2021. Es más que previsible que, como en toda negociación, nadie pueda ver atendidos la totalidad de sus objetivos, que la necesidad de un acuerdo por unanimidad de los Veintisiete obligue a hacer concesiones, pero la base para la discusión ahí está y la conferencia intergubernamental no debe dejar escapar la ocasión de alumbrar una salida razonablemente equilibrada a la enorme crisis económica en curso.