21 oct 2020

Ir a contenido

EDITORIAL

La crisis de Pérez de los Cobos

El sesgado informe de la Guardia Civil justifica la pérdida de confianza, pero no una interferencia del Gobierno en una investigación ya judicializada

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, comparece ante los medios tras el Consejo de Ministros celebrado en la Moncloa, este martes.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, comparece ante los medios tras el Consejo de Ministros celebrado en la Moncloa, este martes. / EUROPA PRESS / EDUARDO PARRA

Cuando la desescalada de la pandemia cumple sus plazos con normalidad es cuando, paradójicamente, el Gobierno se ve envuelto en más polémicas. Al lío, como diría Mariano Rajoy, en que se metió el Ejecutivo con el pacto con EH Bildu para la derogación íntegra de la reforma laboral del PP le sucede ahora una crisis de calado en las relaciones con la Guardia Civil, a raíz de la destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos y de la posterior dimisión del director adjunto operativo (DAO), Laurentino Ceña. El DAO se iba a jubilar en pocos días, pero ha querido expresar con su renuncia su protesta por la destitución del jefe de la Comandancia de Madrid.

Solo después de esta dimisión salió a dar explicaciones el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en una comparecencia que no estaba prevista. Se limitó a decir que la destitución se enmarcaba en la normalidad de la reorganización de los equipos directivos. Pese a esta afirmación que no suena muy creíble parece evidente que la salida se produce por la pérdida de confianza a raíz del informe que guardias civiles al mando de De los Cobos entregaron a la jueza Carmen Rodríguez Medel, que investiga a instancias de un particular la posible comisión por parte de cargos políticos o sanitarios de algún delito por permitir la celebración en Madrid de la manifestación feminista del 8 de marzo y su hipotética influencia en la expansión del coronavirus. El informe ha servido ya para imputar por presunta prevaricación al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco.

El informe está plagado de inexactitudes, errores, opiniones sesgadas,  medias verdades, supuestas noticias ya desmentidas y deducciones aventuradas, por lo que esta falta de rigor justificaría sobradamente la pérdida de confianza en el coronel De los Cobos por parte del ministro. Un ministro que tendría que haber explicado antes de la dimisión del DAO lo ocurrido con el informe de la Guardia Civil y no esperar a que la crisis haya afectado a la cúpula del instituto armado. Con una gestión más que discutible, Marlaska ha conseguido el enfado de los jueces, de las asociaciones judiciales y, de nuevo, las críticas desmesuradas de la oposición, con el PP diciendo que el Gobierno "autoritario" se quita de encima a quien no le gusta.

Argumentos de peso pero actuación desacertada

Hay razones también en este caso para sospechar de una operación mediático-judicial con un estilo de sobras conocido y para convertir actuaciones de las autoridades sanitarias más o menos afortunadas en posibles delitos. En este sentido, el informe hace afirmaciones como mínimo arriesgadas sobre la presunta responsabilidad del doctor Fernando Simón o del ministro Salvador Illa en las advertencias que hicieron o no y en los conocimientos que tenían o no sobre la peligrosidad de la pandemia incluso antes de que fuera declarada por la OMS. Y pese a los forzados reconocimientos públicos que el ministro ha hecho sobre la hoja de servicios de López de los Cobos, algunos elementos de ella, como su desafortunada dirección del operativo del 1 de octubre en Catalunya, serían también argumentos adicionales de peso para justificar un relevo dentro de las atribuciones del ministro del Interior cuando se trata de un cargo de confianza.

Pero es cierto, como afirma la jueza, que cuando la policía o la Guardia Civil actúan como policía judicial deben informar directamente a la justicia, y un ministro como Marlaska, juez de profesión, que ejerció, entre otros destinos, en la Audiencia Nacional, conoce perfectamente los límites a la actuación gubernamental cuando un caso está ya judicializado. El Gobierno no puede entrometerse en un procedimiento judicial y actuar de la misma manera que criticó al PP cuando intentó interferir, en la época de Rajoy y en otras, en las investigaciones que le afectaban.