Opinar en tiempo de pandemia

Según pasa el tiempo, el confinamiento nos ha permitido dedicar más tiempo a seguir la visión de muchos opinadores sobre la pandemia. Aquí se entiende por 'opinador' aquel cuya opinión extiende su influencia potencial más allá de su círculo inmediato de familiares y amigos.

Lo que hemos podido leer sobre la relación entre política y pandemia conlleva, en muchos casos (de hecho, en la mayoría de ellos), una clara tendencia a la advertencia. ¡Cuidado!, el estado de alarma es o puede ser para los poderes públicos, es decir el Estado y en particular el Gobierno, una tentación irresistible de recortar libertades. El supuestamente delicado equilibrio entre libertades y poder político se inclinará, si no vigilamos, de modo irreversible a favor de este. Un obispo o arzobispo es amonestado por la policía por hacer misas clandestinas en fase 0 y su reacción es que en España ha vuelto “la persecución religiosa”. Eso es lenguaje de 1936 pero si un catedrático de Derecho afirma que el estado de alarma ha suspendido “la libertad de culto”, la cosa resulta mucho más grave porque esta afirmación viene sustentada en la autoridad de su profesión.

Por suerte, otros varios académicos intentan matizar que el equilibrio entre limitación (que no suspensión) de derechos y el ejercicio de la libertad ha de ser ponderado caso por caso y quien ha de fijar el criterio son las instituciones habilitadas para ello. Por tanto, el académico tiene un plus de responsabilidad en esto de opinar en tiempos de pandemia y, por ello, llaman la atención, estas semanas, varios artículos, firmados por profesores de diversas disciplinas, advirtiéndonos contra la deriva autoritaria del Gobierno, como si estuviéramos en la Hungría de Orbán o el Azerbayán de Alíyev. Inaudito.

Otra variante de opinador en tiempo de pandemia adopta una superioridad moralizante. El Estado no es acusado de deriva totalitaria como tal pero se le critica por restringir las libertades en general al tratar al ciudadano como a un no adulto, que ha de ser llevado de la mano para respetar y cumplir… la ley, en este caso de alarma. Si se le respeta como adulto, dice el paternal opinador, el ciudadano será responsable consigo mismo y sus conciudadanos y no convertirá la playa de la Barceloneta en una especie de 'Benidorm covid' en el pico del verano. ¡Pero si desde Hobbes y Locke sabemos que la coerción legal y legítima es la obligación del Estado!

¿Y si unos y otros, al menos mientras dura la pandemia, dedicamos nuestra modesta influencia a defender no solo al Estado sino, en especial, al Gobierno y las instituciones públicas (en sus distintos niveles) en esta hora crítica? De momento, las “fuerzas represivas del Gobierno” se dedican a proteger con profesionalidad las manifestaciones de ultraderecha que, en una generosa interpretación del derecho, el Gobierno y los jueces han autorizado estos días… Seamos un poco más institucionalistas para variar.

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