El valor del diálogo social

Acabar con los abusos derivados de la reforma laboral abordada por el PP en los tiempos del austericidio del 2012 es una tarea irrenunciable. Forma parte, desde su inicio, de los propósitos del actual Gobierno de coalición. Antes de la pandemia ya existía un cierto nivel de consenso entre los agentes sociales, incluso en el seno de la patronal, sobre la necesidad de limar, cuando no anular, algunos de estos aspectos. En otros no existía tal consenso y para eso estaba constituida la mesa del diálogo social con casi una decena de asuntos sobre la mesa.

Se estaba hablando en esas mesas de recuperar la prioridad del convenio sectorial sobre el de empresa; de restaurar la ultraactividad de los convenios y de frenar la degradación de las condiciones laborales en las subcontratas, como las de las ‘kellys’ de los hoteles. También estaba sobre la mesa limitar el poder del empresario en la modificación unilateral de los convenios y acotar la inaplicación de las cláusulas salariales de los convenios. La revisión de las causas del despido objetivo tenía su propia carpeta y también la simplifiación de la maraña de contratos.

En esto llegó el coronavirus y en la primera mitad de marzo los agentes sociales decidieron poner en hibernación ese proceso, al menos, hasta junio. Había que remangarse para intentar buscar otros acuerdos más urgentes y buscar la mejor salida social y económica de la crisis .

Cabe preguntarse qué sentido tendría ahora irrumpir en este proceso con una propuesta de contrarreforma exprés, violentando el diálogo social con los forceps políticos de una contrarreforma laboral por decreto ley. Eso es lo que implicaba el acuerdo político que PSOE y UP firmaron con Bildu este miércoles para garantizar la abstención de la formación abertzale a la prórroga del estado de alarma. 

No es oportuno. En este momento hay otras prioridades.

No es conveniente. Interesa más que nunca mantener vivo el procedimiento del diálogo social como método para seguir gestionando los zarpazos de la pandemia. Esto es tanto o más importante ahora que acabar con los abusos de una reforma laboral que, en estos momentos, están desmontados en buena parte por la vía de la excepcionalidad. ¿Cómo, si no, se entiende que exista una prohibición del despido objetivo en las empresas con erte que ha tenido que ser encajada, no sin disgusto por la patronal?. 

Y no es aconsejable. Crear en este momento sensación de inseguridad jurídica es dinamita para cualquier intento de reconstrucción; también la del empleo.

Devolver a los trabajadores derechos confinados por la reforma del 2012 es irrenunciable. Pero hablar de derogación íntegra de una legislación laboral es solo un aforismo ramplón de un debate político estéril. Caben derogaciones parciales, aunque sean tantas y de tal calado que la suma de todas ellas equivalgan a dar la vuelta al calcetín de la reforma laboral del PP. Y pretender hacer eso en solo un mes, en plena incertidumbre sobre la devastación por la pandemia y con el intrusismo de los políticos en una tarea que corresponde en exclusiva al diálogo social, solo es una chapuza laboral. 

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