Las necesidades de financiación de España
Paro, reformas e intervención
Aunque la intervención era muy improbable hasta hace una semana, lo decidido por el tribunal alemán la acerca, a poco que la situación empeore más de lo previsto
Josep Oliver Alonso
Catedrático de Economía Aplicada (UAB) y codirector de EuropeG.
Josep Oliver Alonso
Estos días en los que el covid-19 parece que comienza a aflojar, las preocupaciones mutan rápidamente desde la sanidad a la economía. No es que lo que hayamos visto sea poco. Pero váyanse apretando los machos, porque lo que viene este segundo trimestre es de órdago. Y, más allá, nadie sabe.
Las estimaciones de lo que nos puede aguardar son muchas. En los últimos días, el Banco de España, el Gobierno y la Airef han presentado las suyas, sumándose a las del Fondo Monetario Internacional y a las más recientes de la Comisión Europea. En general, todas coinciden en una crisis en forma de V asimétrica: caída aterradora hasta el verano y lentamente, y a partir de él, cierta estabilización que debería transformarse en recuperación en 2021. Ojala tengan razón.
La traducción familiar de esta dinámica es severa: la tasa de paro se situará, en media de 2020, en el entorno del 20% y del 18% en 2021, lo que sugiere una destrucción de empleo del orden de los 1,5 millones de puestos de trabajo en el año en curso y, en la hipótesis de aumento intenso del PIB en 2021, recuperar medio millón de lo perdido. En todo caso, y de seguir el ritmo de creación de empleo que vimos en 2014/19, no sería antes de 2023 en que podríamos regresar a la ocupación existente en 2019. Otra cuestión, problemática, es lo que podrá suceder con los ertes, ahora alargados hasta finales de junio, cuando se terminen sus prórrogas; e igualmente, con las ayudas a autónomos. En conjunto, se trata de unos cinco millones de ocupados protegidos del desempleo solo transitoriamente. En suma, una nueva herida ocupacional, que se suma a la todavía no cerrada que generó la crisis financiera.
Mercado de trabajo aparte, e incluso en la improbable hipótesis que en 2021 creciéramos a tasas cercanas al 5%, lo que nos aguarda sitúa en primer plano la financiación del déficit y la refinanciación de la deuda. Para la Comisión Europea, el primero se situaría por encima del 10% en 2020 y, aunque se postulan reducciones para 2021, a cerca del 7%, habrá que verlas. Nuestra historia no nos avala. Por su parte, la deuda pasaría del 95,5% de 2019 al 115,6% de 2020 y se estabilizaría en 2021. En conjunto, unas necesidades de financiación muy elevadas: para cubrir el déficit, en 2020/21 se van a necesitar unos 100.000 millones/año, mientras que la refinanciación de la deuda exige anualmente cerca de 200.000 millones adicionales. En total, para los dos próximos ejercicios, las administraciones públicas españolas precisan una refinanciación de los mercados de unos 300.000 millones/año.
Y ahí es donde duele. Tras la sentencia del Tribunal Supremo alemán, y por más que Lagarde y Guindos afirmen la sacrosanta independencia del BCE, se hace difícil imaginar grandes operaciones adicionales: mucho hará con mantener los programas ya aprobados. Por ahí, poco margen.
¿Qué nos queda? Lo acordado ya por el Consejo Europeo: la parte alícuota de los 100.000 millones para financiar subsidios de paro y de los 240.000 millones del MEDE para gastos sanitarios extraordinarios, que podrán comenzar a utilizarse ya en junio. Pero la suma de ambos programas difícilmente superará para España y el bienio 2020/21, créditos en el entorno de 50.000 millones.
No está mal, pero no es suficiente. Habrá que acudir al mercado con una política económica que tranquilice a los potenciales compradores de deuda. Y, ya saben, ello apunta a nuevos debates sobre austeridad o aumentos de la presión fiscal. Y si el mercado nos penalizara en exceso, solo quedaría el MEDE y la intervención europea. Aunque era muy improbable hasta hace una semana, lo decidido por el tribunal alemán la acerca, a poco que la situación empeore más de lo previsto.
No puedo terminar este duro relato sin recordar a aquellos que tienen capacidad de decisión política, sea en Madrid o en Barcelona, que es hora ya que se miren seriamente al espejo. Porque no es de recibo que, en los últimos 45 años y a la que ha aparecido una crisis exterior (1975-85, 1991-94, 2008-14 o COVID-19 hoy), hayamos superado el 20% en tasa de paro. Ni económica ni, en particular, socialmente es aceptable: el sufrimiento es excesivo para los que menos tienen.
Es momento de sentar bases más sólidas de crecimiento. Porque son las únicas que permiten esperar que, frente a calamidades exteriores, no nos hundamos otra vez en el próximo futuro. Y ello implica, no vayan a olvidarlo nuestros políticos, mejoras de productividad. Es decir, en educación, en infraestructuras y en I&D. La catástrofe que nos aflige no es casual. Y el futuro que nos aguarda, tampoco.
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