EDITORIAL

Replantear la atención a los ancianos

Ha habido mala gestión de la epidemia, pero también ha salido la luz que la atención médica de los internos estaba por debajo de sus necesidades

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Personal sanitario del Institut Català de Salut (ICS) realiza tests PCR en la Residencia Eixample de El Prat de Llobregat, el 20 de abril.

Personal sanitario del Institut Català de Salut (ICS) realiza tests PCR en la Residencia Eixample de El Prat de Llobregat, el 20 de abril. / FERRAN NADEU

Dentro de la tragedia y la devastación que ha causado el covid-19, destaca en España el drama inconmensurable de las residencias de ancianos, sobre todo en la Comunidad de Madrid y en Catalunya. Quince mil personas han muerto por el coronavirus en los geriátricos, una mortandad absolutamente desmesurada que obedece a causas diversas. La fiscalía ha abierto ya 207 diligencias, de las que 86 son penales. En Madrid, 353 centros son privados, y 72, públicos. En Catalunya, 830 privados y 172 públicos. Los responsables directos de malas prácticas o dejadez deberán responder, penalmente si corresponde. Pero la responsabilidad última de las carencias estructurales en el sector, ahora desveladas, y de la falta de una respuesta ante el impacto de la epidemia en estos centros recae en todos los casos en las administraciones responsables de la sanidad y la atención a la tercer edad.

¿Qué ha ocurrido para que el coronavirus arrasara con las vidas de tantos internados en residencias geriátricas? Algunas causas son generales y otras específicas de los geriátricos. Entre las primeras están que la dimensión de la epidemia no se vio venir a tiempo y que en las residencias, aún más que en los hospitales, ha habido falta de tests y de equipos de protección para los cuidadores, que se contagiaron y contribuyeron a infectar a los ancianos a los que necesariamente hay que tratar sin poder observar la distancia imprescindible.

Causas específicas

Pero en las residencias ha habido también causas específicas vinculadas a la situación de estos centros, más allá del hecho de que la enfermedad ataque con más virulencia a los ancianos o del triaje establecido en los hospitales, por criterios clínicos, que ha afectado especialmente a las personas con menos posibilidades de supervivencia ante el peligro de colapso de las unidades de cuidados intensivos. Las primeras muertes de ancianos están registradas el 6 de marzo en Madrid y el 7 en Catalunya, pero los ingresos en hospitales desde geriátricos no se desbloquearon hasta un mes después. Otra causa es la escasez de personal y la precariedad de medios de las residencias.  También contribuyó a la altísima mortandad la imposibilidad de establecer en los centros áreas separadas de contagiados y no contagiados. Tanto en Barcelona como en Madrid, no se aisló a los ancianos hasta primeros de abril.

Es evidente que lo ocurrido convierte en imprescindible una reforma del sector. En Catalunya hace una década que se pide que el sistema público de salud se haga cargo de la supervisión y del cuidado de las personas internadas en las residencias, pero cuando apareció el coronavirus los geriátricos dependían aún de la Conselleria d’Afers Socials y solo ante la dimensión de la tragedia se pasaron las competencias a la Conselleria de Salut. Ahora, la prioridad sigue siendo el combate contra el covid-19, pero es hora también de preguntarse sobre cómo se ha gestionado la privatización creciente de esta red asistencial: hasta qué punto los recursos aportados por parte de la Administración por cada plaza y el grado de control público sobre la lógica de beneficio de grupos de servicios que han desembarcado en el sector han influido en la precariedad de personal y de medios materiales con que sobrevivían los geriátricos.

En Madrid se prepara también una reforma dirigida a medicalizar los centros, con camas dotadas de oxígeno y más personal para atenderlas; aumentar las inspecciones y modernizar la comunicación entre los médicos de las residencias y los geriatras de los hospitales. Medidas que podrían aplicarse también en Catalunya, aunque desde la 'conselleria' se prioriza conectar a los centros, con una atención médica muy por debajo de las necesidades de sus usuarios, con los recursos de la asistencia primaria pública.

Cuando la pandemia pase, será inexcusable exigir responsabilidades políticas, que en el caso del Govern de Catalunya deberían ya servir para bajar el tono, tan autosatisfecho con su propia gestión como hipercrítico con la del Gobierno central.