Trabajos esenciales, salarios de pobreza

Según un conocido dicho popular, cuando baja la marea se ve quién se estaba bañando desnudo. De la misma forma, la pandemia del coronavirus covid-19 ha dejado ver muchas fragilidades y paradojas sobre las que está basada la prosperidad de las economías desarrolladas.

El cierre de los colegios públicos nos ha desvelado una de esas fragilidades. Además de ser un mecanismo educativo y de integración social, los colegios públicos son un instrumento muy importante en la alimentación diaria de muchos niños que, por vivir en hogares de escasos recursos, no pueden ser alimentados adecuadamente por sus padres. El cierre de los colegios ha revelado la importancia de esa prestación alimentaria. Su desaparición no ha sido sustituida con la rapidez necesaria por transferencias de dinero para mantener la alimentación familiar.

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Otro ejemplo de esas fragilidades es lo sucedido en las residencias de mayores. Ser "grupo de riesgo" no es tanto ser mayor como vivir en alguna de esas residencias. El gran porcentaje de personas mayores fallecidas en esas residencias nos obliga a revisar el modelo de cuidados e integrarlo en el sistema de salud.

Hay una tercera paradoja que el covid-19 ha desvelado. Muchas actividades económicas esenciales son llevadas a cabo por trabajadores y profesionales que cobran salarios de pobreza y cuyas condiciones laborales son, en muchos casos, precarias.

La economía, en "coma inducido"

Con buen criterio, los gobiernos han decidido cerrar la economía con el objetivo de frenar la propagación del virus y aplanar su curva de crecimiento para evitar el desbordamiento del sistema sanitario público. En términos clínicos, se ha sometido a la economía a un "coma inducido". Pero, a la vez, los gobiernos han identificado una serie de "actividades esenciales" que permanecen abiertas para permitir la actividad de los hospitales y las necesidades vitales básicas: industrias como la farmacéutica, la química o la eléctrica, las actividades agrarias, los servicios públicos de seguridad, los bomberos, la recogida de basura, el comercio minorista, el transporte y muchas otras.

¿Cómo deberíamos aprovechar esta pandemia para mejorar las condiciones laborales de esos trabajadores y profesionales de las actividades esenciales y de otras actividades que, aun cuando no han sido cerradas, comparten salarios de pobreza?

Tres vías posibles

Una primera forma es reconocer a esos trabajadores y profesionales el valor social de su trabajo. Los aplausos que reciben los trabajadores de la salud son una muestra de ese reconocimiento. Pero hay que ir más allá.

La segunda forma es que las empresas y el sector público mejoren las condiciones salariales y laborales de esos trabajadores y profesionales. Algunas empresas de la distribución comercial minorista han comenzado a hacerlo mediante la concesión de bonos salariales que en algunos casos significan un aumento del 50 % del sueldo. Está bien. Pero, estas mejoras salariales deben consolidarse el día después de la pandemia.

Algunas empresas y negocios podrían, sin embargo, argumentar que una mejora permanente de los salarios y de las condiciones laborales haría inviables sus negocios. Puede que sea así. Pero, en primer lugar, hay que recordar a los empleadores que los empleados bien pagados son más productivos. En segundo lugar, hay preguntar qué sentido tiene para la sociedad mantener actividades con salarios bajos que tienen, sin embargo, un elevado coste público en términos de prestaciones públicas para evitar la pobreza de esos trabajadores.

Hay, en todo caso, una tercera vía para mejorar los ingresos de los trabajadores y mantener la competitividad de los negocios. Consiste en mejorar el salario real de los trabajadores sin aumentar el salario monetario que pagan las empresas. Permítanme utilizar el ejemplo de los llamados Pactos de la Moncloa de 1977, que ahora se han puesto de moda en el debate político, para explicar esta vía.

Esos pactos pusieron en marcha una estrategia de estabilización de precios y salarios basada en un contrato social entre sindicatos, empresas y Gobierno. Los trabajadores aceptaron moderar sus salarios monetarios para controlar la inflación y aumentar la competitividad de las empresas. El Gobierno se comprometió a universalizar la educación y la sanidad, aumentando de esa forma el salario social. Las empresas aceptaron pagar nuevos impuestos para financiar esos nuevos servicios sociales. De esa forma, el salario real aumentó a pesar de que el salario monetario disminuyó. Todos ganaron. Algo de eso podría volverse a hacer ahora.

En todo caso, la pandemia debe servir para poner en valor las actividades más o menos esenciales que llevan a cabo trabajadores y profesionales a pesar de percibir salarios muy bajos y tener condiciones laborales precarias.