La atención a los más vulnerables
Las desigualdades se reafirman
Llegamos a esta nueva crisis con más de la mitad de la población carente de los recursos necesarios para no hundirse en la más profunda pobreza
Un hombre sin hogar, en una céntrica calle de Ourense (Galicia). /
La crisis financiera del 2008 fue mucho más allá del carácter cíclico de otras sacudidas del sistema capitalista; significó un cambio de época y las cosas ya nunca volverán a ser como antes. La crisis sanitaria actual está generando un escenario incierto que puede llevarnos a un colapso global de la economía. ¿El momento histórico que vivimos significa un nuevo cambio de época? ¿Será suficientemente impactante como para mudar valores y actitudes? ¿Reconoceremos a la persona y a su dignidad por encima de los intereses particulares?
Quiero pensar que esta situación sobrecogedora tendrá un efecto transformador; que permitirá descubrir el bien común y la acción solidaria, y cuestionará el modelo neoliberal que los últimos años ha deteriorado el Estado de bienestar supeditándolo a las leyes del mercado. Esta crisis debería ser una oportunidad para potenciar un nuevo modelo de sociedad donde el bienestar y la consideración del otro rijan nuestras relaciones y actuaciones.
La evolución socioeconómica de la última década no ha comportado la superación de la crisis del 2008. Lejos de recuperarnos, hemos sufrido un proceso de polarización que ha acentuado las desigualdades: los adinerados se han enriquecido y los que ya padecían pobreza o vulnerabilidad se encuentran hoy en condiciones todavía más severas. El 45% de la población goza de plena integración, mientras un 35% sufre precariedad permanente y otro 20% malvive en los márgenes. Eso significa que llegamos a esta nueva crisis con más de la mitad de la población carente de los recursos necesarios para no hundirse en la más profunda pobreza.
Tengámoslo todos claro y presente: no todo el mundo tiene la misma capacidad para afrontar las dificultades. Incertidumbre y angustia, pérdida de empleo y de ingresos, dolencias físicas y emocionales, cursos escolares truncados, reclusión en espacios inadecuados… Las familias monoparentales –encabezadas muy mayoritariamente por mujeres— no pueden trabajar y cuidar de sus hijos a un tiempo; las personas mayores y dependientes con pensiones de 400 euros están más solas que nunca; los migrantes ‘sin papeles’ no son reconocidos como ciudadanos de pleno derecho; a las familias desahuciadas o que viven amontonadas en infraviviendas se les multiplican las complicaciones; las personas sin hogar no pueden confinarse en casa; las víctimas de violencias machistas corren un riesgo aún mayor... La lista es demasiado larga y nos muestra que nuestro sistema de protección no ha conseguido el bienestar para toda la ciudadanía. Al contrario, los derechos se debilitan y la vulnerabilidad se extiende.
Los gobiernos han tomado una serie de medidas para frenar el contagio y paliar la crisis económica. No quiero entrar a valorar si son o no las más adecuadas, pero sí comentar algunos aspectos que desde el sector social se cuestionan. Las entidades sociales, lejos de encerrarse en casa, están trabajando las 24 horas para responder a las necesidades sobrevenidas. Atienden a la población vulnerable, ayudan a encontrar salidas a situaciones difíciles, dan apoyo psicológico, orientan sobre las ayudas públicas, canalizan y coordinan iniciativas voluntarias, cuidan de las personas dependientes, velan para que ninguna familia pase hambre, resuelven emergencias como hallar techo para personas sin hogar, orientan a padres y madres en la crianza de sus hijos y en la ocupación del tiempo, detectan y evitan situaciones de violencia, escuchan y acompañan en la gestión material y emocional... Aquí también la lista puede ser muy larga, pero quiero destacar que preocupa no poder trabajar con garantías porque no se dispone de equipos de protección, y que se siente angustia cuando las medidas de los gobiernos parecen ignorar la existencia de colectivos que no pueden seguir los protocolos, o cuando no se halla respuesta a determinadas necesidades.
La Generalitat se ha comprometido a pagar el 100% de los servicios que prestan las entidades, pero para garantizar los derechos de toda la población y la sostenibilidad del sistema habrá que acabar con el infrafinanciamiento histórico del sector social. El volumen y la diversidad de situaciones complejas requerirán de los esfuerzos de todas y de unas políticas públicas potentes que, desde la proximidad y con el bagaje en la atención a los colectivos vulnerables, permitan adecuar la respuesta a la idiosincrasia de cada uno. No podemos dejar que las consecuencias de la crisis la paguen otra vez los mismos.
