La atención a los más vulnerables

Las desigualdades se reafirman

Llegamos a esta nueva crisis con más de la mitad de la población carente de los recursos necesarios para no hundirse en la más profunda pobreza

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Un hombre sin hogar, en una céntrica calle de Ourense (Galicia).

Un hombre sin hogar, en una céntrica calle de Ourense (Galicia). / EFE / BRAIS LORENZO

La crisis financiera del 2008 fue mucho más allá del carácter cíclico de otras sacudidas del sistema capitalista; significó un cambio de época y las cosas ya nunca volverán a ser como antes. La crisis sanitaria actual está generando un escenario incierto que puede llevarnos a un colapso global de la economía. ¿El momento histórico que vivimos significa un nuevo cambio de época? ¿Será suficientemente impactante como para mudar valores y actitudes? ¿Reconoceremos a la persona y a su dignidad por encima de los intereses particulares?

Quiero pensar que esta situación sobrecogedora tendrá un efecto transformador; que permitirá descubrir el bien común y la acción solidaria, y cuestionará el modelo neoliberal que los últimos años ha deteriorado el Estado de bienestar supeditándolo a las leyes del mercado. Esta crisis debería ser una oportunidad para potenciar un nuevo modelo de sociedad donde el bienestar y la consideración del otro rijan nuestras relaciones y actuaciones.

La evolución socioeconómica de la última década no ha comportado la superación de la crisis del 2008. Lejos de recuperarnos, hemos sufrido un proceso de polarización que ha acentuado las desigualdades: los adinerados se han enriquecido y los que ya padecían pobreza o vulnerabilidad se encuentran hoy en condiciones todavía más severas. El 45% de la población goza de plena integración, mientras un 35% sufre precariedad permanente y otro 20% malvive en los márgenes. Eso significa que llegamos a esta nueva crisis con más de la mitad de la población carente de los recursos necesarios para no hundirse en la más profunda pobreza.

Tengámoslo todos claro y presente: no todo el mundo tiene la misma capacidad para afrontar las dificultades. Incertidumbre y angustia, pérdida de empleo y de ingresos, dolencias físicas y emocionales, cursos escolares truncados, reclusión en espacios inadecuados… Las familias monoparentales –encabezadas muy mayoritariamente por mujeres— no pueden trabajar y cuidar de sus hijos a un tiempo; las personas mayores y dependientes con pensiones de 400 euros están más solas que nunca; los migrantes ‘sin papeles’ no son reconocidos como ciudadanos de pleno derecho; a las familias desahuciadas o que viven amontonadas en infraviviendas se les multiplican las complicaciones; las personas sin hogar no pueden confinarse en casa; las víctimas de violencias machistas corren un riesgo aún mayor... La lista es demasiado larga y nos muestra que nuestro sistema de protección no ha conseguido el bienestar para toda la ciudadanía. Al contrario, los derechos se debilitan y la vulnerabilidad se extiende.

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Los gobiernos han tomado una serie de medidas para frenar el contagio y paliar la crisis económica. No quiero entrar a valorar si son o no las más adecuadas, pero sí comentar algunos aspectos que desde el sector social se cuestionan. Las entidades sociales, lejos de encerrarse en casa, están trabajando las 24 horas para responder a las necesidades sobrevenidas. Atienden a la población vulnerable, ayudan a encontrar salidas a situaciones difíciles, dan apoyo psicológico, orientan sobre las ayudas públicas, canalizan y coordinan iniciativas voluntarias, cuidan de las personas dependientes, velan para que ninguna familia pase hambre, resuelven emergencias como hallar techo para personas sin hogar, orientan a padres y madres en la crianza de sus hijos y en la ocupación del tiempo, detectan y evitan situaciones de violencia, escuchan y acompañan en la gestión material y emocional... Aquí también la lista puede ser muy larga, pero quiero destacar que preocupa no poder trabajar con garantías porque no se dispone de equipos de protección, y que se siente angustia cuando las medidas de los gobiernos parecen ignorar la existencia de colectivos que no pueden seguir los protocolos, o cuando no se halla respuesta a determinadas necesidades.

La Generalitat se ha comprometido a pagar el 100% de los servicios que prestan las entidades, pero para garantizar los derechos de toda la población y la sostenibilidad del sistema habrá que acabar con el infrafinanciamiento histórico del sector social. El volumen y la diversidad de situaciones complejas requerirán de los esfuerzos de todas y de unas políticas públicas potentes que, desde la proximidad y con el bagaje en la atención a los colectivos vulnerables, permitan adecuar la respuesta a la idiosincrasia de cada uno. No podemos dejar que las consecuencias de la crisis la paguen otra vez los mismos.