Liquidez y pandemia, el sufrimiento de pymes y autónomos

La situación provocada por el coronavirus evidencia lo interdependiente que es nuestra estructura económica y social. En situaciones normales, los flujos monetarios se comportan de forma circular, y van y regresan de las familias a las empresas una y otra vez, dejando a su paso multitud de transacciones de bienes y servicios.

La reducción drástica de las ventas de un negocio y, por tanto, la merma de efectivo en su caja, sería solo coyuntural si estuviera prevista y la empresa mantuviera una suma suficiente de liquidez para sus gastos fijos hasta reactivarse las ventas. Esto no es nuevo, casi todos los negocios son cíclicos y cada empresario conoce cuál es el momento en el que cabe esperar más o menos ventas. Piensen, por citar unos ejemplos, en el turismo o en la demanda de combustible para la calefacción.

La crisis del coronavirus no estaba prevista. Además, no ha sido gradual, sino que ha nos ha golpeado como un tsunami, abarca a casi todo el tejido empresarial y es mundial. El conjunto de estos factores significa que al conocido efecto cíclico que mencionábamos, hay que aplicarle un multiplicador de dimensiones desconocidas. Es así. El cese de actividad de multitud de empresas genera, además del drama sanitario y económico para las personas, una falta de liquidez en las pymes, ya de por sí con una estructura financiera poco sólida. Si el problema de la falta de tesorería persiste, lo normal es que la empresa se descapitalice y acabe cerrando. Lo vimos en la crisis del 2008.

Por eso, es imprescindible generar liquidez en las empresas. La solución de los avales para la línea especial de créditos ICO, aprobada por el Gobierno, es una vía para lograrlo. Pero requiere trámites administrativos y tiene un coste para el empresario -que deberá asumir el tipo de interés- y la administración, que soportará el coste de los avales. A una empresa que le bajan las ventas, no tiene por qué, necesariamente, cerrar, pero si le falta liquidez el cierre es inmediato.

El mayor comprador es el propio Estado. La ley de contratos públicos ampara compras por un valor aproximado del 18% del PIB. Aunque es verdad que una parte importante de estos contratos ha quedado paralizada por las limitaciones por las exigencias sanitarias de la pandemia, las compras públicas se mantienen de manera fluida.

Compruébenlo, solo hay que leer el BOE, convertido en estos días dramáticos, al menos en mi entorno, en un 'best seller'. Y las Administraciones, pese a que han mejorado sus plazos medios de pago desde la crisis anterior, que eran de una media superior a 160 días, siguen pagando mal. Según los datos del Ministerio de Hacienda, persiste un fondo de facturas pendientes de pago fuera del plazo legal por más de 7.000 millones de euros. También sabemos que pagan puntualmente facturas mensuales por otros 7.000 millones.

Es de justicia y, desde el punto de vista económico absolutamente necesario, que nuestras Administraciones paguen urgentemente todas sus facturas pendientes. Y además, deben controlar que los contratistas paguen a su vez a los subcontratistas, asegurando que la liquidez fluya en toda la cadena de compra pública. Las Administraciones tienen la potestad y medios para hacerlo. Ayudemos a los subcontratistas, los más débiles y con más niveles de riesgo financiero. Liquidar la deuda pública comercial pendiente sería un alivio para las empresas sin coste para el Estado.

Hemos de entender que poder aplazar obligaciones con la administración e inyectar liquidez son posiblemente las mejores soluciones. Por ello, desde esta tribuna, solicito que aquellas compañías, instituciones y profesionales que dispongan de tesorería o posibilidad de financiación que sean responsables y paguen sus facturas o retrasen sus obligaciones tributarias. Así tendremos un futuro de riqueza y trabajo para todos, a diferencia de si paramos más la «máquina», que nos puede llevar a un escenario catastrófico y nunca visto.